En un conflicto sin final cercano, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) llamó este sábado a una jornada nacional de protesta para el lunes y martes con movilizaciones y paro.
Cuando comenzaron las vacaciones de invierno se había conocido una resolución judicial que obligaba al gobierno provincial a convocar a los docentes luego de más de 80 días. La medida establecía un plazo perentorio para la convocatoria, que el gobierno de Vidal cumplió.
Lo que no cumplió es la premisa de una paritaria: que cada reunión sea un avance en términos de propuestas salariales superadoras. El gobierno provincial, en este sentido, viene ofreciendo lo mismo en cada reunión que concertan, con pequeñas variaciones en los extras o bonificantes.
Luego de convocar a una reunión y ofrecer lo mismo que en la anterior, el gobierno fue enfrentado directamente por los gremios docentes quienes anunciaron 72 horas de paro desde hoy lunes.
Sin embargo, el gobierno provincial dictó por medio del Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria para que haya clases normalmente, pero además se valió de una estrategia dirigida a la opinión pública: depositar los sueldos con varios días de antelación.
Con la conciliación dictada, los gremios comenzaron a evaluar el alcance de la medida, ya que quien emite la conciliación es parte a la vez del conflicto.
Mientras que la mayoría de los gremios resolvieron acatar la medida, el gremio más grande de la provincia, SUTEBA, decidió plegarse a la convocatoria realizada por CTERA, la central de los trabajadores de la educación argentina, es decir, una organización de dimensión nacional.
CTERA planteó así un paro de 48 horas y desde el gobierno hicieron saber que ello podría acarrear fuertes multas para el gremio que conduce Baradel.
«Suteba resolvió adherir a la Jornada Nacional de Protesta de 48 horas convocada por Ctera para los días 30 y 31 de julio, con la realización de paro y movilización«, indicó el gremio docente.
«No estamos dispuestos a resignar conquistas conseguidas con la lucha del conjunto de la comunidad educativa a lo largo de los últimos años», consignó el Consejo Ejecutivo Provincial del Suteba en un comunicado, firmado también por la Ctera y la CTA.
Desobedecer la conciliación determinaría una sanción, prevista en la Ley 26.941, que podría ser de $600 millones para el sindicato.
Fuentes del ámbito laboral explicaron que «el incumplimiento a una conciliación obligatoria es una infracción grave. Se contempla una multa por trabajador que se puede fijar entre un 50% y un 2.000% del salario mínimo, que hoy está en $10.000».
Sin embargo, desde los representantes de los trabajadores anteponen que el gobierno debe resolver la situación salarial en la provincia y que no cumple la premisa de las paritarias: mejorar la oferta en cada reunión.
