Un conjunto de diez allanamientos fueron impulsados en varios puntos en el marco de una investigación por creación de USINAS (empresas falsas para truchar facturación). Luego de una larga investigación se logró identificar a quienes conformaban una asociación ilícita que tenía su centro en la ciudad de Carlos Casares, en el noroeste bonaerense. Los procedimientos demandaron la participación de casi un centenar de policías de la Delegación Departamental de Invesigaciones Pehuajó que se trasladaron a los objetivos apuntados tras la investigación.

Los puntos de los allanamientos estuvieron en Casares, Campana, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Incluyó casas particulares, puntos en Puerto Madero y countrys de Gonnet. La investigación es impulsada por la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh, bajo tutela del juez federal Héctor Pedro Plou. Entre los imputados hay profesionales. La justicia dictó embargos y se espera que se defina el estado procesal de cada involucrado.

La causa fue iniciada en el año 2019 acumulando horas de trabajo de inteligencia criminal, tareas de campo, testimonios, filmaciones, análisis cámaras de seguridad, cruce de información, etcétera. Esto llevó a que se estabeciera la operación de una USINA desde la ciudad de Carlos Casares con ramificaciones hacia el AMBA, perpetrando delitos fiscales, cambiarios, lavado de activos, mediante la creación Sociedades Fantasmas, relacionadas al rubro facturación trucha, fingiendo compra-ventas, etcétera, provocando con su accionar un importante perjuicio al fisco. Se detectó en la investigación que estos entre sus maniobras tomaban datos de terceras personas (mayoritariamente jóvenes de origen humilde) y sin su anuencia o conocimiento los hacían parte de estas sociedades fantasma, causándoles un importantes perjuicio. Un ejemplo que proporcionaron es que un joven no pudo trámitar PROGRESAR por figurar como dueño de una empresa.

Luego de la presentación de pruebas se solicitaron allanamientos que fueron otorgados por el juez y cumplidos por la DDI con el acompañamiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y Delitos Económicos de las fuerzas bonaerenses.

Esto incluyó el allanamiento de oficinas en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, countrys de Gonnet – La Plata, Escobar, Escribanía y domicilios en Carlos Casares.

El resultado fue positivo y se secuestró importante cantidad de documentos de variado valor e interés para la causa, libros contables, registros de empresas, agendas, sellos, talonarios, contrtos, escrituras públicas, tickets de operaciones bancarias, teléfonos de última generación, computadoras varias, máquina de contar dinero, importante suma de pesos de moneda corriente, dólares estadounidenses y euros.

Entre los imputados, informaron desde la investigación, existen profesionales, personas del ámbito comercial, económico y financiero que se encontraron implicados y cuyo etado procesal está supeditado al resultado de las pruebas recogidas. La decisión de la justicia federal además fue ordenar embargos sobre la actividad bancaria.