Cristina Fernández de Kirchner, se presentó ayer en los tribunales de Comodoro Py alrededor de las 13:00 horas, donde fue notificada de su procesamiento en la causa.

El magistrado Claudio Bonadío determinó, al efecto, una inhibición de todos los bienes de la ex presidenta.

Al salir, denunció un «hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial» contra su persona.

Se trata de una medida cautelar que afecta a toda la masa patrimonial y una vez inscripta, el perjudicado no podrá vender ni gravar sus bienes (hipotecarlos, prendarlos). Si intenta hacerlo, tiene que pedir el levantamiento de la medida cautelar y primero pagar.

Se busca evitar que una persona acusada de un delito se deshaga de su patrimonio y lo esconda de la Justicia para no responder con sus bienes en caso de ser condenada por los hechos por los que se la investiga.

La medida abarca casas, terrenos, vehículos y hasta acciones de las empresas que posea la ex presidenta a su nombre. No afecta las cuentas.

Por su parte, Cristina denunció una connivencia entre Bonadio y Stolbizer:

«Hay un modus operandi entre el juez que ordena el allanamiento y la denunciante, y luego se despliega una denuncia cinematográfica y mediática. Lo único que hice en el juzgado de Bonadio fue firmar una notificación que, por otra parte, ya se había efectuado con un apoderado del Estado».

Acompañaron a la ex presidenta, militantes de Nuevo Encuentro, La Cámpora, la Corriente Martín Fierro, entre otras agrupaciones y los diputados nacionales Andrés Larroque, Eduardo «Wado» de Pedro, Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, María Teresa García, Diana Conti, Juan Cabandié, Edgardo Depetri y los ex funcionarios Oscar Parrilli, Agustín Rossi, entre otros.