El fiscal federal Ramiro González pidió al juez federal Sebastián Casanello que realice operativos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y otros organismos para buscar información sobre los controles que se hicieron en la mina Veladero en San Juan, donde en los últimos días se produjo un nuevo derrame de cianuro.
No obstante, la fiscalía, ante un planteo de los querellantes «Asamblea Jáchal No se Toca» y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, rechazó que sea la Justicia federal de Capital Federal la que defina si se debe cerrar o no la mina Veladero de la empresa Barrick Gold.
Los querellantes plantearon el cierre de la mina la semana pasada ante un nuevo derrame de cianuro que hubo en el lugar el cual se suma al que ya hubo en septiembre de 2015, y al considerar que se está violando la ley de glaciares puesto que el emprendimiento funciona sobre una zona periglacial.
La fiscalía recordó que la Corte Suprema de Justicia otorgó la competencia sobre lo ocurrido en Jáchal a la justicia de San Juan y por ello, el pedido de cierre hecho por los querellantes «relacionada con el derrame ocurrido durante los días 12 y 13 de septiembre de 2015 y 08 de septiembre del corriente año, resultará resorte exclusivo de las autoridades judiciales de Jáchal».
En la Justicia de la Capital Federal sí se investiga si existieron diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero.
El fiscal pidió al juez que realice un operativo en el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales para secuestrar documentación relativa a la ley 26.639 y que se informe si la mina en Veladero está ubicada en zona glaciar o periglacial.
También promueve una acción similar en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con el objeto de que se proceda al secuestro de toda la documentación relativa a la aplicación de la ley de glaciares.
En ese sentido, la fiscalía pide saber que se informe las acciones que ha llevado a cabo ese ministerio a fin de conservar y proteger los glaciares y el ambiente periglacial correspondiente a la zona en que se encuentra situado el emprendimiento minero.
