Ayer se conoció que el Juez Claudio Bonadío procesó a Cristina Kirchner y otras 21 personas por la conformación de una «banda» con el objetivo de delinquir.
La causa se trata de la que investigaba supuestos retornos de dinero por la contratación de obra pública. El fallo, que es por demás extenso deja lugar a muchas dudas. La mayoría de los medios de comunicación fueron cuidadosos en lo que comunicaron ya que todos hallaron una contradicción central en el procesamiento.
Esta contradicción es que a la vez del procesamiento, Bonadío determinó que es «incompatible» como Juez para seguir adelante la investigación. La mayoría de los abogados que opinaron sobre el tema indicaron que una determinación de esta magnitud sólo puede elevarse si no se pudo comprobar el delito.
Lo que queda claro es que pese a las afinidades políticas de quienes buscan defender o atacar a Cristina, es que los argentinos merecemos que algo tan delicado sea investigado por jueces que puedan hacer bien su trabajo y no por quienes luego de dos años no han encontrado nada y ponen en riesgo la propia investigación.
En su escrito Bonadío dijo que el procesamiento se debe a la existencia “de una banda que, al menos en lo que respecta al hecho aquí investigado, encabezaron Cristina Fernández de Kirchner, junto a Néstor Carlos Kirchner y Máximo Carlos Kirchner en un primer momento, de haber armado una empresa denominada Los Sauces S.A., con fecha 7 de noviembre de 2006, con el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera magistratura de la República. Tal devolución o retorno se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta empresa, que se formó a tal efecto. La misma operatoria se hizo con el grupo Indalo, pero orientada a compensar la concesión de licencias de juego. Los alquileres fueron caros e innecesarios”.
No obstante, del fallo se desprende que:
- no se pudo probar la existencia de ningún alquiler simulado.
- Bonadío ordenó una pericia contable que no encontró irregularidades
- se denuncia falta de contratos pero ellos se encuentran en otras sedes judiciales ya que fueron secuestrados en allanamientos anteriores
- todas las operaciones son con cheque o depósito bancario
Al finalizar el fallo, el juez se declara incompetente luego de 2 años de investigación y muchos allanamientos, que el propio Bonadío reconoce no arrojaron resultados positivos.
