La sede de la obra social del Sindicato de Camioneros fue blanco de un operativo judicial en el que se secuestró documentación solicitada por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la denuncia de la diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, por presunta administración fraudulenta del servicio de salud que presta el gremio.
«Simplemente llegó un oficio de Bonadio pidiendo documentación y ya se llevaron todo el material», sostuvo el abogado de la familia Moyano, Daniel Llermanos, quien así negó las primeras versiones que indicaban que se habían realizado allanamientos para secuestrar los libros contables de la obra social del gremio.
El letrado sostuvo que la documentación «bancaria, tributaria e institucional» entregada fue en el marco de la denuncia de Ocaña «diciendo que la obra social de Camioneros sería deficitaria por una mala administración», pero advirtió, «Nosotros ya aclaramos que el pasivo que sufre la obra social es responsabilidad del Estado Nacional que retiene los fondos».
«El Estado Nacional retiene los fondos de los aportes que hacen los trabajadores hace muchísimos meses ilegalmente y en segundo término está lo de (la empresa de correo privada) OCA, que le debe 800 millones a la obra social. Son 2.300 millones que le deben entre el Estado y OCA”, señaló Llermanos al salir al cruce de la denuncia de Ocaña.
