Las cuentas de la provincia de Buenos Aires se llevan la principal atención del gobernador Axel Kicillof. Más allá de la tremenda deuda que afronta la provincia producto del endeudamiento a la que la sometió María Eugenia Vidal, otros números también alarman.

Y uno de estos casos es el del Instituto de Previsión Social de la provincia, la caja de aportes para los empleados estatales provinciales, que actualmente tiene un déficit de 25 mil millones. Una cifra abultadísima que además le traerá problemas a los gobiernos municipales.

Para detener ese déficit el gobernador Kicillof ha propuesto frenar el sistema de jubilaciones de oficio que instaló María Eugenia Vidal al establecer que cuando un empleado provincial cumplía la edad jubilatoria o los años de aportes debía retirarse.

En líneas generales, esto generó que disminuya la cantidad de trabajadores activos por cada pasivo de 3,3 a 2,7. Es decir, menos aportantes y más prestaciones. A la par, los empleados nuevos que se incorporaron a la gestión Vidal no aportaban al IPS, sino a la ANSES porque eran en su gran mayoría monotributistas.

Ahora los empleados estatales y docentes no cesarán en su cargo por decisión del Estado, sino en base a su propio criterio, pudiendo seguir trabajando. Lo que era también el reclamo de muchos sindicatos.

En el caso de los docentes están en condiciones de retiro cuando tienen 25 años de servicio y 50 años de edad. En cambio, los estatales alcanzan la pasividad con 35 años de servicio y 60 años de edad.

El trabajador podrá postergar su retiro, confirmó la ministra Mara Ruiz Malec.

Esto impactará también en los municipios, ya que también habían acompañado estas políticas implementadas por Vidal. Por ejemplo en el caso de Chacabuco, los retiros obligatorios sirvieron para reducir la planta de empleados municipales.

Incluso, este mecanismo fue anunciado por el intendente municipal al declarar en emergencia económica al Municipio, unos días después de ganar las elecciones.

En el decreto que firmó Aiola establecía en su artículo 7° que habilitaba al director de Recursos Humanos para notificar a agentes de edad avanzada para acogerse al retiro.

El objetivo municipal es reducir cuanto más se pueda la planta de empleados en virtud de la crisis económica que sufre el municipio y que lo mantiene en alerta mes a mes de no poder pagar los sueldos a sus empleados.

En diciembre ese episodio llegó al extremo cuando se debió recurrir a la ayuda externa para poder pagar los salarios correspondientes a diciembre.