En el marco de la prolongación de la cuarentena, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una circular oficial en el que detallan nuevas medidas y normativas que tienen que adoptar las entidades bancarias del país a partir de ahora.

En primer lugar, especifican que a partir del viernes 3 de abril las entidades financieras deberán abrir sus puertas a «clientes beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por ANSES u otro ente administrador de pagos».

Esto es, que los bancos sólo abrirán sus puertas para atender a jubilados, pensionados y titulares de beneficios de ANSES o de otros programas sociales. No se atenderá al público en general y solo estarán abiertas las sucursales que realicen este tipo de pagos.

La atención será todos los días hábiles bancarios en el horario habitual de atención al público. Para esto, se deberá hacer fundamental hincapié en el cumplimiento de las normas sanitarias, preservando de esta manera la salud de los clientes y de los trabajadores bancarios.

Por otro lado, el BCRA determinó que los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras, cuyas cuotas vencen entre el 1 de abril y el 30 de junio, no devengarán intereses punitorios.

En cuanto a las tarjetas de crédito con vencimiento de sus resúmenes entre los días 1 y 12 de abril, podrán ser cancelados por los clientes el día 13 de abril y no se efectuarán recargos. A partir de ahora, la tasa de financiamiento no podrá superar el 49 por ciento. Las tarjetas, nunca pierden.

Las entidades financieras, además deberán adoptar las medidas necesarias para habilitar buzones de depósito y un sistema de recepción de efectivo por montos mayores en todas las sucursales destinados a las empresas. Asimismo, deben arbitrar los medios para proveer el efectivo que los entes estatales requieran extraer de sus cuentas.