Este martes por la mañana, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de salud de la ciudad, Fernán Quiroz, fueron denunciados penalmente por la presunta privatización de la vacunación contra el covid-19.

La abogada Natalia Salvo realizó una presentación donde sostiene que se habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa asignación de vacunas le da privilegios a esas instituciones y sus socios.

En la misma, Salvo afirmó, «Lo que se supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deciden que las vacunas sean ‘solo para socios'».

La abogada explica en la denuncia que “Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con un pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo para el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Esta denuncia se unificó en el juzgado de Lijo, con otra que presentó el abogado Yamil Castro Bianchi, también, contra Rodríguez Larreta y Quirós por la imposibilidad de obtener turnos de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el denunciante, el Gobierno de la Ciudad habría decidido distribuir la mayoría de las dosis entre comités partidarios, amigos y familiares del poder. Castro Bianchi cita como ejemplo el vacunatorio que funcionaría en la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, que correspondería a un comité de la Unión Cívica Radical (UCR).

Ahora las causas está en manos del juez federal Ariel Lijo, que debe esperar a que el fiscal Carlos Stornelli impulse la instrucción.