La titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño informó el hallazgo de material que confirmaría la existencia de una «mesa judicial» ilegal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para perseguir diversas actividades y personas como el caso del sindicalismo.

El material es una filmación que se halló en un dispositivo en desuso. Se trata de un video de la reunión de esta mesa, que Caamaño localizó en oficinas del Banco de la Provincia. En estas grabaciones puede verse a Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la exgobernadora María Eugenia Vidal, formando parte de reuniones con empresarios de la construcción.

En las declaraciones que formula, el ministro Villegas dijo: «Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría». ¿Qué fue la Gestapo? Una policía secreta del nacismo que «no respondía a ningún tipo de supervisión judicial ni legal» según explica la enciclopedia del Holocausto.

Villegas pronunció esas palabras el 15 de junio de 2017 frente a empresarios de la construcción y en compañía del exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de Provincia de Buenos Aires; de Juan Pablo Allan, senador provincial y del intendente de La Plata, Julio Garro.

En ese encuentro, explicó la titular de la AFI a la radio AM 750, los funcionarios garantizaban a los empresarios que tenían una estrategia combinada con el Poder Judicial y avalada por «Nación y provincia» para impulsar una investigación que termine en el enjuiciamiento de personas vinculadas a la actividad sindical, principalmente de la construcción.

Las vinculaciones ilegales entre el poder judicial y funcionarios de Juntos Por el Cambio quedaron expresadas en otra causa que demuestra la conformación a nivel nacional de diversas reuniones que coordinaban las actividades ilegales, como escuchas y persecución de personas, que se realizaron. Los exfuncionarios tanto como el entonces presidente Mauricio Macri dicen en su defensa que los espías que realizaban estos procedimientos lo hacían «por cuenta propia».

En este sentido, Caamaño insistió en la importancia de este material, ya que daría mayor claridad a lo sucedido, evidenciando que existió la conformación de instancias de coordinación de actividades ilegales en la órbita del Estado.

El caso lo siguen con atención los sindicatos en toda la provincia. Algunos entienden que esto es coherente con la forma en que fueron tratados durante el gobierno de Cambiemos.

Declaraciones de Caamaño

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño asumió en 2019 al frente del organismo pero ya se desempeñó en ese cargo durante el gobierno de la dos veces presidenta Cristina Fernández. Entrevstada por AM 750 explicó que al llegar al organismo comprendió que se «seguían a los trabajadores que marchaban por aumento de salarios; seguían a las mujeres que marchaban con el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito; seguían a los mapuches, a los anarquistas y a los antimineros».

Realizar inteligencia a personas en el país está prohibido por la ley de seguridad interior, y significa una violación a los derechos consagrados a los ciudadanos por la constitución.

Las tareas de inteligencia ilegales alcanzaron incluso a los familiares que reclamaban por el rescate de los marinos fallecidos con el hundimiento del submarino ARA San Juan. La existencia de esas tareas a los familiares como la información sobre esta mesa judicial, explicó la funcionaria, surgió de manera inesperada o casual. De la misma manera se corresponden con gastos que aparecen en estados contables.

«¿A quién beneficiaba todo esto?», se preguntó Caamaño indicando que es improbable que los espías hayan realizado inteligencia sin una orden expresa.