En estas horas se define en Argentina los términos del acuerdo (o no) que habrá con el Fondo Monetario Internacional a partir del vencimiento en los próximos días de una suma cercana a los 28 mil millones de dólares que el gobierno debe afrontar producto de los vencimientos de la deuda que contrajo el expresidente Macri.

La negociación, que hasta hace semanas parecía totalmente encaminada, entró en una zona de indeterminación producto de las exigencias que el Fondo Monetario plantea. Estas exigencias no son acordes a la forma en que fue otorgado el préstamo al gobierno del expresidente Macri. Se trata del mayor préstamo en la historia del FMI que se le otorgó a una adminsitración en crisis, como era la de Macri. No hay dudas que las razones del préstamos fueron las de ayudarlo a mejorar las condiciones para ganar las elecciones de 2015, que finalmente perdió.

El principal punto es que la agenda de pagos que el FMI reclama pondría en jaque el crecimiento económico de Argentina, obligando al país a destinar los recursos excedentes del crecimiento al pago al organismo, e incluso orientar el crecimiento solo en los sectores que generan dólares. Esto podría significar menos obras públicas, menos políticas destinadas a la expansión del gasto y una posible presión devaluatoria.

Dentro del Frente de Todos hay diversas posturas. Una de ellas señala la inconveniencia de cualquier acuerdo que signifique acotar las políticas de integración o inclusión social. Por ello algunos señalan que no debería haber un acuerdo. Algo que a horas de sellarse el acuerdo, el propio gobierno nacional descartó.

El ministro Matías Kulfas, calificó como un «acto de irresponsabilidad» esa propuesta de no acordar, según informó Página 12. «Hay gente que realmente piensa de manera sincera lo que dice y por ahí no está teniendo en cuenta un montón de factores que, sin duda, dificultarían esa recuperación», dijo.

Sin embargo, la opinión del ministro no parece ser compartida por todo el amplio arco que componen el Frente de Todos. Sobre todo porque se desconocen las exigencias reales del Fondo Monetario que de llegar a un acuerdo tendría la capacidad de auditar la economía argentina periódicamente y de modificar las exigencias. Uno de los puntos de desconfianza es qué tipos de exigencias plantearía el fondo si en el futuro se diera un escenario de crisis internacional (como fue la del covid) o en un escenario de polarización política interna.

Es decir, que algunos piensan que no es una mala maniobra la de pensar en reclamar que el FMI revea el préstamo otorgado ya que además de todas las inconsistencias a la hora de recibirlo, el expresidente Macri comprometió el pago para gobierno futuros y, fundamentalmente, no hay una explicación de adónde fueron a parar los más de 40 mil millones de dólares. La principal sospecha es que el propio préstamo terminó financiando la fuga de divisas.

Como todo esto es demostrable, a algunos les parecen acertadas otras estrategias, pensando que el acuerdo no necesariamente evitaría el default, es decir, los muchos millones que con esfuerzo pagaría el país podrían no ser de utilidad. Que alcanzar un acuerdo «cueste lo que cueste» no es la única opinión, puede corroborarse en una nota aparecida en El Cohete a la Luna escrita por Horacio Verbitsky. En la misma se sostienen tres puntos interesantes:

  • que un acuerdo con el FMI que incluya la facultad del organismo para revisar y exigir ajustes periódicos de las políticas económicas que se aplican equivale a que (lejos de salir del default) el país tendría que pagar sumas exhorbitantes y a la vez seguiría estando al borde del default; solo faltaría que el FMI plantee una exigencia que no se esté dispuesta a cumplir (como una devaluación de la moneda) para que se lo declare en default: esto el periodista Verbitsky lo explicó con la metáfora de que el FMI nos tendría con una daga en el cuello durante 10 años
  • que un eventual acuerdo del gobierno con el FMI no implicaría que se aplique ya que requeriría de la aprobación del congreso. Al menos, así manda la ley impulsada por el Frente de Todos que indica que en materia de endeudamiento debe intervenir el poder legislativo. Esto salió a refrendarlo la vocera Cerruti: «»la carta de intención, en el caso que se firme el acuerdo, va a ser mandada al Congreso porque así lo dice la ley que votamos en el Congreso y la Constitución de la Nación, aunque el acuerdo que se tomó en el Gobierno de Mauricio Macri se tomó sin ningún tipo de consulta«, publicó Télam. Ese mecanismo previsto por ley busca evitar nuevos endeudamientos o acuerdos que sean un mal negocio para el país. Por lo tanto, un acuerdo entre el gobierno y el FMI podría naufragar en el congreso
  • que el FMI ofrece un nuevo préstamo al gobierno en dólares para pagar lo que no se pueda pagar. Esto había sido descartado por el propio presidente Alberto Fernández, pero ahora se conoce que forma parte de las negociaciones. Este punto también siembra la discordia y ya fue expresado públicamente por el ministro de Economía