Durante los 4 años pasados uno de los grupos que peor la pasó en nuestra sociedad, a causa de las políticas gubernamentales, fue el de las personas con discapacidad o invalidez, principalmente las de menos recursos.

Algunas fueron suspendidas sin previo aviso y en la mayoría de los casos se impusieron nuevos requisitos y largos trámites que impedían o demoraban el acceso al derecho.

El nuevo gobierno que asumió este 10 de diciembre prometió centrarse en responder a las demandas de todos los argentinos, empezando por aquellos que peor están o más necesitan de la ayuda.

Como parte de esa premisa es que el presidente Alberto Fernández recibió a miembros de ONGs que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad, y recibió de estas regalos para ser entregados al Papa Francisco en la visita que realizará nuestro presidente.

Pero esto también se tradujo en medidas, y una importante que permitirá mayor acceso a las pensiones por invalidez: eliminó la obligación de presentar un certificado médico digital.

Este requisito había sido inventado por la administración Mauricio Macri a pedido de sus ministros porque, explicaban, se «sospechaba» de la existencia de «pensiones truchas«.

La medida era totalmente irracional, ya que obligaba a renovar el trámite de pensión con nuevos requisitos para «demostrar» que la invalidez o discapacidad era real. Esto, se explicó, responsabilizaba a todos los pensionados de un delito hasta que demuestren los contrario. Insólito.

Para las personas con discapacidades que vivían en localidades con dificultades de acceso a la tecnología esto funcionaba directamente como una trampa y terminaba desprotegiéndolas.

Es por ello que hay más de 100 mil recursos iniciados por personas que no pudieron acceder a su pensión y que terminaron de alguna manera en un litigio legal con el Estado.

Incluso hubo un fallo de cámara que obligó al Estado a costear los viajes de quienes necesitaban movilizarse para tramitar dicho certificado.

«Garantizar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad es un compromiso que debemos asumir todos y todas», publicó Alberto Fernández en sus redes sociales.

La medida del gobierno fue dejar sin efecto la resolución 44/2019 que establecía al certificado medico digital como única forma de validación de una discapacidad laboral.

La resolución 8/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad modificó los criterios para determinar el Estado socioeconómico y la situación de vulnerabilidad, al considerar que los fijados por la administración Macri eran «restrictivos».

Por ejemplo, una persona podrá seguir percibiendo el beneficio si tiene un automotor con una antigüedad mayor a 10 años. Asimismo con las propiedades, pudiendo tener más de una y presentando un descargo.