La jueza Straccia dispuso ayer un allanamiento en distintas dependencias del grupo Indalo, cuyos propietarios son Cristóbal López y Fabían de Souza.
La medida es impulsada a partir de una denuncia de la AFIP por «supuesta insolvencia fiscal fraudulenta».
En el operativo participó Gendarmería y Prefectura y el Canal C5N fue allanado aproximadamente a las 14.00 hs, mientras se transmitía normalmente el personal facilitó toda la documentación, según un comunicado del grupo.
Si bien la causa se encuentra bajo secreto de sumario, lo que se estaria investigando es la falta de aportes a la AFIP por impuestos a la nafta, que rondarían unos 8 mil millones y que habrían sido usados para fondear otras empresas, según informó La Nación.
De Souza aseguró el lunes en una entrevista con Ambito Financiero, propiedad del grupo, que la deuda “está totalmente regularizada”. “Lo que hemos hecho no es diferente a lo que hacen muchos empresarios argentinos: estructuramos financiamiento para enfrentar situaciones difíciles como pudo haber sido en el mundo de la refinación de petróleo y gas en la Argentina lo ocurrido con la devaluación de enero de 2014 (…) Las diferentes situaciones que fueron generando el pasaje de flujo en la compañía a veces son financiadas con distintas estructuras de financiamiento. Una de ellas pueden ser los bancos, los instrumentos negociables y también la estructura de financiamiento en detrimento del pago de impuestos, fundamentalmente por las limitaciones que hay a veces en el sistema financiero”.
–¿Usted dice entonces que dejar de pagar impuestos para financiarse no es ilegal? –le preguntaron a De Souza.
–Es absolutamente legal. Lo que hemos hecho es tomar en los momentos que correspondían los planes de pagos a largo o a corto plazo que necesitábamos para obtener recursos financieros por quebrantos de la compañía o para alguna decisión de inversión que correspondiera a generar mayor valor en el grupo.
Al momento de explicar las razones por las cuales se los investiga, desde el Grupo Indalo sostienen que “el Gobierno y ciertos grupos mediáticos han montado un show basado en la persecución de López y De Souza con el claro objetivo de cercenar las libertades de prensa y de empresa, ya que no toleran la existencia de medios que tengan una mirada crítica de la realidad actual que vive nuestro país. Nuestra prioridad será la defensa de estos derechos y la de las fuentes de trabajo de más de 30.000 empleados del Grupo Indalo”, aseguraron a comienzos de la semana, cuando comenzó la ofensiva oficial contra el multimedios, el cual mantiene una postura crítica con respecto a las políticas que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri.
