El aumento en las tarifas de agua, luz y gas había sido anunciado por el gobierno nacional a finales del año pasado, y 24 horas después, quien era por aquel entonces Secretario de Energía, Javier Iguacel, renunció al cargo.

Luego de que se produjeran sucesivas movilizaciones y críticas el gobierno «frenó» la publicación de las resoluciones que oficializaban los incrementos y lo pospuso para más adelante.

Aproximada ya la fecha de los nuevos aumentos de los servicios, durante la jornada de ayer, la municipalidad de San Antonio de Areco pidió que se abra la feria para la llegada de los amparos que se preparan contra las subas de luz y gas que el gobierno nacional todavía no oficializó.

No solo se lo rechazaron, sino que la Cámara nacional de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo federal volvió a apelar nuevamente hoy para ratificar el «no».

El fallo, rechazo una apelación interpuesta que en primera instancia había requerido la apertura en carácter de usuario y en representación de los vecinos del distrito. 

“Este decisorio causa un agravio irreparable a esta parte, en tanto el Municipio es usuario de los servicios públicos de gas, agua y energía eléctrica cuyos aumentos tarifarios lo afectarán directamente en caso de producirse”, afirma la apelación de la comuna. Y agrega: “asimismo y en pro del amplio derecho de defensa que le asiste al colectivo de habitantes del Municipio de San Antonio de Areco, quienes también resultarán afectados por los aumentos que fueran anunciados en las tarifas de servicios públicos y transporte, desde ya solicitamos que se revoque” el rechazo a la apertura.

Finalmente las resoluciones confirmarán los aumentos en las tarifas de agua, luz y gas anunciados por el gobierno nacional. El fallo, que lleva las firmas de los jueces Carlos Manuel Grecco, Sergio Gustavo Fernández y Jorge Esteban Argento afirma “En la presente causa, no se advierte elemento de convicción concluyente que autorice a habilitar la feria judicial” y señalan que “la recurrente se limitó a reiterar la necesidad de acceder a la medida requerida, ante la supuesta inminencia de la aplicación de diversos aumentos tarifarios anunciados por el Gobierno Nacional en distintos medios periodísticos”.

Y concluyen de manera polémica afirmando que la implementación de los aumentos son para el bien común, que no estamos en situación de emergencia y que van a proponer un cambio moral “Y que, sin embargo, no acreditó que el perjuicio que invoca -la implementación de los nuevos valores- habrá de producirse, indefectiblemente, durante el receso judicial de enero, razón por la que no se encuentran demostradas, concreta y acabadamente, las razones de urgencia que justificarían el dictado de la excepcional medida solicitada”.