Tan solo un día después de la presentación de dos denuncias contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de salud de la ciudad, Fernán Quirós, la justicia ordenó un procedimiento al ministerio de salud capitalino. La sospecha es que la vacuna se habría distribuido entre obras sociales privadas en lugar de mantenerse dentro de lo público.

El fiscal Carlos Stornelli, dio impulso a las dos denuncias realizadas contra el jefe de Gobierno porteño y su ministro de Salud. De esa manera imputó a Larreta y Quirós al requerir que se investigue la presunta privatización de la vacunación contra el coronavirus en el distrito.

Tras la medida del fiscal, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna que recibió la Ciudad. Además libró un oficio a la cartera de Salud nacional para que informe cuántas dosis derivaron a la Ciudad de Buenos Aires.

Para concretar la medida se dispuso personal de la Gendarmería Nacional aclarando que se trató de una «orden de presentación», no un allanamiento. Solo si el Ministerio se negaba a brindar la documentación requerida el magistrado podía ordenar un allanamiento.

En ese marco, los voceros del Ministerio de Salud indicaron, que «la medida se desarrolló en un clima de total normalidad, sin ningún tipo de contratiempo cumpliéndose con lo requerido por el Juzgado».

Los investigadores buscan determinar cuántas dosis recibió la Ciudad, cómo se distribuyeron en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada y bajo qué criterios se suscribieron convenios y, finalmente, a quiénes se inoculó.