El debate por los transgénicos ocupa un lugar central en muchos países del mundo. Su proliferación y la certeza de que la mayoría de los productos que consumimos en nuestras mesas están afectados, en mayor o menor medida, por transgénicos, ha despertado el interés en el tema en muchos ciudadanos de a pie y ya no solo en los ecologistas. 

Días atrás, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, aprobó una ley que debatió, discutió y fue ferozmente criticada en los medios hegemónicos de comunicación: la Ley de la Madre Tierra.

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A partir de ella, el gobierno de Morales prohíbe a todo tipo de transgénicos en el territorio boliviano, así como también prohíbe la concentración de la propiedad de la tierra y el latifundio y crea un fondo de justicia climática.

Después de años intentando su reglamentación, el pasado mes de junio se difundió desde fuentes oficiales que la erradicación de los transgénicos en Bolivia fue todo un éxito. 

Según se explicó, la ley define al “Vivir Bien” como “el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo, que significa la construcción de un nuevo orden ambiental, social, cultural y económico basado y emergente de la visión histórica de los pueblos indígenas”.

“El desarrollo integral es la implementación de medidas y acciones integrales (económicas, sociales, espirituales, ambientales, culturales, materiales, entre otras) para el fortalecimiento y la creación de condiciones materiales y espirituales que faciliten y fortalezcan el vivir bien de los pueblos y las sociedades”, continúa la explicación del gobierno de Evo Morales. 

En ese contexto, se reconocen también los “derechos de la Madre Tierra”, y según se dijo, “no sólo se trata de una cuestión de salud pública y social, sino también de respeto por la naturaleza”. “Bregamos por el derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria, sin pobreza material, social y espiritual.

Esperemos que con esta ley se proteja al medio ambiente y la salud de los pobladores, así como la integridad de las comunidades agricultoras y sus derechos”, se expresó mediante un comunicado oficial.