El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner por negociados en la venta del dólar futuro y le trabó un embargo por 15 millones de pesos. El magistrado acusa a la ex presidente por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.
A la ex jefa de Estado –que enfrenta así el primer procesamiento de la Justicia– se le imputa el uso de una estructura de poder que presidía para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas. Además de Kirchner, Bonadio procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y a otros doce imputados.
En la resolución, Bonadio también dispuso que todos los procesados, incluso la ex primera mandataria, vuelvan a los tribunales de Comodoro Py para ser «notificados de su nueva situación procesal». Ordenó que concurran a los tribunales federales «tres días después» de que sus abogados patrocinantes reciban la cédula que informa los procesamientos.
Para el juez, Cristina Kirchner no se va a fugar ni a entorpecer la causa
«Si bien la expectativa de pena del delito enrostrado no resulta menor, lo cierto es que todos los encausados se encuentran a derecho y se han presentado al llamado de esta judicatura; asimismo y atento el estado de la investigación y prueba colectada, tampoco se avizora probabilidad de entorpecimiento de la misma por parte de quienes hoy se dictará procesamiento», sostuvo el magistrado en su resolución.
CRISTINA KIRCHNER RECIBIÓ SU PRIMER PROCESAMIENTO EN UNA CAUSA POR CORRUPCIÓN
Así, para el juez «no se observa circunstancia alguna que haga suponer la existencia de alguno de los riesgos procesales mencionados». Bonadio tampoco le aplicó a los procesados ninguna medida restrictiva como la prohibición de salida del país.
Los motivos del procesamiento
Entre sus argumentos, Bonadio mencionó «el irregular, ilegal e ilegitimo despliegue de esta operatoria realizada por los imputados al amparo de un legítimo instrumento de política monetaria, se llevó a cabo una maniobra por la cual se obligó abusivamente a la autoridad monetaria con cifras descomunales y en perjuicio del Estado Nacional».
«El presente caso resulta demostrativo de cómo el Poder Ejecutivo Nacional, fue avasallando con sus actos la formal autarquía de la entidad monetaria, convirtiendo consecuentemente en letra muerta la independencia proclamada por su Documento rector», agregó.
En otro parrafo sostuvo: «Ha quedado demostrado que la operatoria de venta de futuros de dólar, desplegada por el B.C.R.A. entre los meses de septiembre a noviembre de 2015, tuvo como único objetivo derrumbar los valores negociados en la plaza local de estos contratos, para fijar
cotizaciones bajas de cierre de dichos contratos, en línea con el tipo de cambio, pretendido y pregonado por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional».
La indagatoria del 13 de abril
Cristina Kirchner pasó por Comodoro Py el pasado 13 de abril para prestar declaración indagatoria ante Bonadio en esta misma causa. Ese día, la ex presidente estuvo frente al juez,pero ni se cruzaron las miradas y se limitó a presentar un escrito.
A la salida del despacho del magistrado, la dos veces presidente brindó un largo discurso ante una masiva concurrencia de militantes K que se habían congregado desde primera hora -algunos de ellos desde la noche anterior- para apoyarla. «Me pueden meter presa, pero no me van a callar», lanzó Cristina Kirchner ante sus seguidores.
La causa se inició en octubre del año pasado por una denuncia de los por entonces diputados nacionales Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR) por el supuesto delito de «defraudación contra la administración pública». Ante la presentación, el fiscal Eduardo Taiano le dio impulso e imputó Vanoli y a todo el directorio del BCRA y la causa cayó en el juzgado de Bonadio.
La denuncia apuntó que la entidad vendió dólares «a futuro» a marzo a $10,65 por la divisa norteamericano, cuando con el precio del mercado de Nueva York se podría hacer por entre 14 y 15 pesos. Las consecuencias de esta operatoria tendrían un alto costo para las menguadas arcas del BCRA, estimaron los legisladores que realizaron la denuncia.