El presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó una cadena nacional para comunicar la postura y acciones del gobierno que encabeza ante la reciente escándalo por la filtración de mensajes que involucra a jueces federales, fiscales, exagentes de inteligencia y dueños de la empresa Clarín, que controla varios medios de comunicación. Lo que se revela en los mensajes filtrados es la existencia de un viaje realizado a la mansión del magnate británico Joe Lewis y el intento de los involucrados en esconder posibles delitos y garantizar que los medios de comunicación no se ocupen del tema.

Fernández recordó que la noticia del viaje fue publicada por el diario Página 12, que dio a conocer la lista de embarque del vuelo privado que llevó a la comitiva a la Patagonia. Por los mensajes divulgados a través de un sitio de internet se conoció que el trasbordo del aeropuerto al complejo de Lago Escondido se realizó en helicóptero.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido“, dijo Fernández sobre el grupo de WhatsApp que crearon para contener el escándalo luego de la publicación de Página 12.

El contenido de los mensaje es de tal contundencia, explicó el presidente, que deja al descubierto “el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos” dijo y agregó que la información proveniente de un hackeo “no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes“.

Por esto el presidente anunció que instruyó al ministro de Justicia para “solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento“. En segundo lugar pedir que el Consejo de la Magistratura investigue a los magistrados federales.

Solicitar también que se evalúe en la legislatura porteña el desempeño de los involucrados de ese distrito, y si correspondiese presentar el juicio político a los funcionarios. Por último, pedir al Congreso de la Nación que avance en la sanción de los proyectos para reforma del Poder Judicial y la cobertura del cargo de Procurador de la Nación.

La filtración e información en los mensajes

Las conversaciones privadas entre los involucrados quedaron expuestas en el sitio de internet breached.vc cuya información fue publicada por el diario Tiempo Argentino y el portal El Cohete a la Luna. En ella se aprecia el intercambio de mensajes de audio entre Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos por El Cohete a la Luna y en el sitio web Patagonianfacts.com, son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

Luego de difundirse el hecho los involucrados acordaron difundir una versión falsa de lo ocurrido para lo cual crearon un grupo de Telegram. Los hechos podrían significar que la estadía de lujo en Bariloche podría ser dádivas, presunto delito del que buscaban escapar mediante la manipulación de medios.

En los mensajes muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py donde estos magistrados podrían garantizar el control.

Para brindar credibilidad a una versión falsa y aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.

Como si fuera poco, en los mensajes de voz hay amenazas hacia el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a quien el ministro porteño D’Alessandro dice que meterá preso si Juntos por el Cambio llega a la Presidencia (“Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida”); también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del FdT, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.