«El Instituto Antonio Provolo les presenta el mundo del aprendizaje brindado a los niños con discapacidad auditiva y con trastornos del lenguaje. Nosotras las Hermanas de la compañía de María, junto con un grupo de profesionales expertos continuamos la obra de nuestro fundador Padre Antonio Provolo, cuya misión fue la dedicación total a los niños y jóvenes con discapacidad auditiva…» señalan en el sitio oficial del Instituto Próvolo de Buenos Aires, uno de los pocos que aún sigue funcionando.

Dicha institución trabaja con menores hipoacúsicos y años atrás se conoció que en el Provolo de Mendoza, niños eran abusados por curas de la institución. A raíz de una primer denuncia, comenzaron a surgir cientos de declaraciones de menores que habían sufrido lo mismo.

Los curas implicados son Nicola Corradi y Horacio Corbacho. Además se conoció que había dos personas más implicadas, el jardinero del lugar Armando Gómez y la monja Kumiko, acusada de entregar a los niños a los sacerdotes para que sean abusados.

Según la investigación, los abusos ocurrían en la «casita de Dios» lugar en el que se alojaban aquellos niños que vivían lejos y no podían viajar diariamente a su casa.

Tras un allanamiento al lugar, se encontraron filmaciones y fotografías, aunque no se sabía si pertenecían a los niños de la institución, demostraban el horror de lo que sucedía allí adentro.

Corradi, Corbacho y Gómez fueron imputados por el delito de acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores en 28 casos.

Ahora, en plena etapa de alegatos la fiscalía pidió penas de 45 años de prisión para los curas Corradi y Corbacho y 22 años y medio para el jardinero Gómez.

Según consta en el expediente judicial, más de veinte ex alumnos denunciaron haber sido abusados y atacados por sacerdotes y empleados del Próvolo, por lo que hay una decena de personas imputadas.

La defensora de los abusadores, Alicia Arlotta, reclamó la nulidad de lo actuado durante el proceso porque se «violó el derecho a la legítima defensa», sobre todo por la aceptación de pruebas y testimonios que no eran precisos.

Ahora, a tres años de salir a la luz las primeras denuncias, se conocerá el veredicto. La lectura de este se realizará a puertas cerradas por tratarse de delitos de instancia privada.

Más adelante, habrá dos nuevos juicios a los cuales deberán responder la monja Kosaka Kumiko, Asunción Martínez y demás personal administrativo del lugar.