Luego de dos meses sin sesionar, el Concejo ayer se reunió para dar trámite a una serie de expedientes necesarios desde la declaración del aislamiento obligatorio. Entre otros, el que a partir de ahora permitirá que las sesiones se realicen de forma online a través de alguna aplicación.

Se trató el pedido de Aiola con fecha del 6 de marzo pasado (antes de la pandemia) para operar con un descubierto bancario de 35 millones de pesos, que fue girado a comisión donde dormirá el largo sueño.

De la misma forma, se trató un importante proyecto que muestra cómo el oficialismo local participa de la estrategia opositora de Cambiemos a nivel nacional y provincial.

En la sesión, los concejales de Cambiemos presentaron y aprobaron con su propia mayoría un proyecto donde se repudió lo que llamaron «liberación masiva de presos y personas» que según se aprobó está «ordenada por la Justicia y auspiciada por autoridades nacionales y/o provinciales«.

El proyecto forma parte de la campaña contra Axel Kicillof y Alberto Fernández que impulsa Cambiemos a nivel nacional y provincial. Incluso los concejales ubicaron el número de «desde mediados de marzo y hasta la fecha se han otorgado estos beneficios a más de 2000 detenidos en nuestro país«.

La cifra ya fue desmentida y formó parte de una nota de opinión que se publicó en este medio. La cifra de liberados (por los motivos que se considere) está por debajo que en el mismo periodo de 2019. A la vez entre los fundamentos el proyecto que se aprobó invisibiliza las recientes recomendaciones de la ONU sobre el tema ni tampoco hacen referencia a la sobrepoblación carcelaria.

El proyecto fue aprobado solo con los votos de los concejales de Cambiemos, y sin poder contestar los argumentos que los concejales Peralta, Estévez y Ayala le reprocharon desde la oposición.

El proyecto buscaba sumarse al de otros distritos que hicieron lo mismo y a la campaña periodística que instaló la idea que está en marcha una «liberación masiva de presos», por eso también los concejales de Cambiemos propusieron en el proyecto solicitar que se utilice la «tobillera electrónica».

Tanto el proyecto en sí como la idea de usar la «tobillera electrónica» entran en conflicto con la mirada del gobierno provincial.