El común de los vecinos e incluso la mayoría de los medios de comunciación se mantuvieron ajenos este año al trámite de la ordenanza impositiva, que se aprobó en la última sesión del Concejo Deliberante poniendo un aumento de 30% de los impuestos locales. Además el intendente Víctor Aiola incluyó una insólita cláusula gatillo, usualmente aplicada a los acuerdos salariales, que aumentará los impuestos si la inflación aumenta más del 30%.

De esta manera el aumento sería de más del 30% ya que está atado a lo que vaya a calcular el INDEC.

Tanto el intendente, los funcionarios y los concejales lo justificaron señalando que, por un lado, el municipio sigue afectado por la crisis que caracterizó el final del primer mandato de Víctor Aiola, y por otro lado concuerdan cuando les conviene con el gobierno provincial y nacional señalando que la provincia también subió los impuestos un 30%, como es el caso del monotributo.

El proyecto de aumento fue presentado por la concejala Cuozzo que se centró en explicar que la municipalidad necesita más recursos para prestar los servicios públicos. La oposición le reprochó que en la actualidad casi no se prestan servicios públicos. El sentido común lleva a pensar que de ser así, no debiera haber problemas porque los impuestos locales aumentaron un 100% en los últimos dos años.

Una novedad fue que la ordenanza impositiva se aprobó sin el arancelamiento de las castraciones (que se realizan de manera gratuita desde hace muchos años) que el intendente Aiola pidió cobrar 1500 pesos. El cambio se comunicó en la propia sesión y es obvio que se debió a la impopularidad de la medida.

También se incorporó una reducción de las patentes a motovehículos y otra del 75% en la Tasa de Seguridad e Higiene para los rubros que estuvieron sin actividad económica por la pandemia. Esta sería la primer medida a favor de ese sector que toma el gobierno local, que recién estará vigente en 2021.

Costos y servicios

La concejala Clelia Cuozzo destacó el buen diálogo en la reunión que mantuvieron en el marco de la comisión que analizó el proyecto con los funcionarios Esteban Güida, Virna Farisano y Maximiliano Lancieri.

Sostuvo asimismo que el año 2020 fue un año complicado económicamente para la municipalidad y propuso «equilibrar el valor o los costos con los servicios que se brindan».

Por eso defendió que se haya incorporado un anexo que posibilita al municipio «adecuar la politica fiscal de acuerdo a la evolución del índice IPC del INDEC», es decir una cláusula gatillo para los impuestos.

A favor del aumento recordó el aumento del precio del combustible, los respuestos de «todos» los vehículos y los insumos hospitalarios, de los que recordó «que también hemos recibido mucha ayuda y colaboración de todos los vecinos» en referencia a las donaciones recibidas. También, y sin ponerse colorada, Cuozzo dijo que el aumento se propuso «pensando en la paritaria del año que viene».

La mayor justificación Cuozzo la encontró en sostener que primero es el aumento y después los servicios: «es necesario para seguir prestando los servicios como lo venimos haciendo», lo que le mereció el reproche de los concejales opositores porque en toda la ciudad hay quejas de la deficiencia o falta de prestación.

Reducciones

La ordenanza impositiva dispuso reducciones en algunos conceptos. Uno de ellos es para aquellos comercios que no se han podido iniciar en sus actividades o se han iniciado a un 50%, tales como empresas de turismo, salones de fiesta, confiterias bailable, hotelería, restaurantes, explicó Cuozzo, a quienes «se le ha reducido la alicuota de la tasa por inspección de seguridad e higiene del 2% que pagaban al 0,25%».

Además «se redujo el 50% el importe de las patentes de ciclomotores y motocicletas según la cilindrada».

Castraciones

Las casatraciones en Chacabuco hace años que no se cobran, como en la mayoría de las ciudades. La razón indica que es una forma de fomentar el control de la reproducción y la salud de los animales. Pero el intendente Aiola había ordenado que comience a cobrarse $1500 por cada intervención.

Esto se retiró en plena sesión por el rechazo que generó la medida. Cuozzo reconoció que el motivo de tan extraña decisión fue recaudatoria: «El Estado municipal ha tenido que afrontar mayores gastos».

La concejala también aclaró que de ahora en más podría dejar de ser abierto a todos el servicio: «Tendrán prioridad los animales de la calle y las personas que no pueden pagar».

El rechazo de la oposición

El concejal Marcos Peralta, del bloque del Frente de Todos, adelantó que no acompañarían la medida y citó las palabras de Cuozzo, quien había dicho que el aumento de tasas era pasa seguir prestando los servicios como se venía haciendo. Peralta le respondió: «Espero que no, en eso se basa gran parte de no acompañarlo: ¡Cómo vamos a acompañar un aumento del 30% en el barrido, en la recolección de residuos, en el riego, en la conservación de calle cuando los servicios no se están prestando!».

El concejal pidió «salir a una calle de tierra para ver si se están prestando, más allá del esfuerzo que hacen los empleados que se están poniendo la gestión al hombro».

Sobre la reducción de tasas a los comerciantes, Peralta señaló que «tendría que haber sido cero, no una reducción» ya que en todo el transcurso de la pandemia no ha habido medidas de aliento desde lo local, y lo diferenció con lo obrado por la provincia y la nación.

Cuando consideró la medida gatillo que el intendente propuso para el aumento el concejal dijo que mejor sería que se usara para la actualizacion de sueldos municipales.

Por último, Peralta retomó su crítica a la prestación de servicios para resaltar que «en 5 años el parque vial en el corralón no se ha actualizado en lo más minimo» y que «después de las elecciones del 2019 se han caído las prestaciones profundamente».

Fabián Ayala, concejal de Unidad Ciudadana, fue el último en hacer uso de la palabra. Compartiendo la postura de Peralta dijo: «Agregaría a todo lo dicho la falta de presión de agua de red que seguramente va a seguir en el verano, vamos a tener un verano bastante duro».

«No vemos en esta ordenanza un ordenamiento de política económica que busque los recursos en las personas que más pueden contribuir» dijo Ayala y aseguró haber presentado inciativas para gravar a aquellos que pueden pagar más, como hizo a nivel nacional el Frente de Todos con el impuesto a la riqueza.

En su lugar dijo que el municipio debería «tratar que tengamos un trato diferencial de acuerdo a la capacidad contributiva» gravando especialmente a por ejemplo multinacionales y bancos para volcar esa recaudación a políticas productivas.

Ningún bloque opositor acompañó la propuesta y el bloque de concejales oficialista sancionó la ordenanza con su mayoría y sin buscar el acuerdo.