La causa de las fotocopias de los cuadernos que nunca se encontraron sigue avanzando a manos del juez Bonadio y el fiscal Stornelli. Este último acusado de utilizar métodos extorsivos contra los empresarios vinculados en la causa, lo que podría hacer tambalear la causa.
Ayer detuvieron a dos empresarios que estarían vinculados al pago de coimas por la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Uno de ellos, titular de la empresa Supercemento.
Se trata de Osvaldo Acosta, copropietario de la firma Electroingeniería (el otro titular ya se encuentra detenido), y Gustavo Dalla Tea, presidente de Supercemento, empresa que ejecuta los trabajos de la autopista Chacabuco-Junín como parte de una UTE. Fueron imputados como miembros de una asociación ilícita para cartelizar la obra pública.
Los empresarios negaron los cargos por los que se les acusa y quedaron detenidos. Por la causa, ayer también declaró la ex-presidenta Cristina Fernández quien presentó ante Bonadio un escrito negando los cargos por los que se la acusa.
Esta investigación, que se inició en base a una documentación fotocopiada de un grupo de cuadernos, está amenazada y muchos especulan que podría terminar por caerse y quedar todos los acusados e imputados en libertad debido a las recientes revelaciones que provienen desde Dolores, donde está el juzgado federal de Alejandro Ramos Padilla.
Marcelo D’alessio, un falso abogado, fue denunciado por un empresario que dijo haber recibido una extorsión para desvincularlo de la causa a cambio de una fuerte suma. Hasta ahora se comprobó que éste abogado actuaba en conjunto con el fiscal Stornelli, utilizando sus poderosos vínculos para favorecer o desfavorecer acusados de acuerdo a cuánto estaban dispuestos a pagar.
Esa causa encontró mucho material que alcanzaría para probar que las acciones fueron recurrentes y amenaza al fiscal Stornelli que podría enfrentar un jury. Lo peor es que haría caer toda la causa por completo si se comprobara que la forma en que operó D’Alessio fue utilizada recurrentemente por la fiscalía, un camino que hasta ahora parece recién inciarse.
