Ayer por la tarde se conoció un fallo de la corte suprema donde se le atribuye a los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del plan represivo de la última dictadura militar beneficios que se otorgan a los delitos comunes.
El polémico fallo recibió la condena de la mayoría de las organizaciones sociales y de derechos humanos, así como de gran parte del arco político e incluso del propio Ministro de Justicia Germán Garavano.
El fallo es sobre un caso que podría sentar los precedentes para que el resto de los genocidas condenados realicen el reclamos para recibir el mismo beneficio. Se trata de un beneficio que juzga un delito cuando se cometieron dos. Esta ley que fue aprobada en 1994 es de dudosa aplicación para el caso de los represores ya que los crímenes los cometieron antes de esa fecha y fueron juzgados luego de su derogación en 2001.
Hasta el momento, la tradición de la corte suprema había sido la de sentar fallos ejemplares con respecto a los delitos de lesa humanidad. En esta oportunidad el fallo recibió 3 votos afirmativoas y 2 votos en contra. Por la afirmativa votaron los dos jueces nombrados por el macrismo más Elena Highton de Nolasco (quien recientemente interpuso un recurso para poder continuar más allá de los 75 años, algo que está estrictamente prohibido). Por la negativa lo hicieron Maqueda y el presidente del tribunal Lorenzetti.
En el fallo los jueces que votaron a favor sostienen que debe aplicarse la misma ley para todos los crímenes sin excepción, lo cual fue duramente criticado por los organismos de derechos humanos ya que los crímenes que cometieron los juzgados don de carácter «imprescriptibles» es decir, no caducan con el tiempo, lo que los hace totalmente diferentes al resto de los delitos ya que violan derechos fundamentales de las personas.
Ayer por la tarde, luego de conocerse el fallo las Abuelas de Plaza de Mayo junto a integrantes del CELS dieron una conferencia de prensa para expresar su parecer. Horacio Verbitsky, integrante del CELS, resaltó la dudosa interpretación del fallo que no se ajusta a derecho, sino que se trata de una cuestión en todo caso política. “Hay una decisión de ir dejando en libertad al mayor número posible de personas responsables de crímenes de lesa humanidad”, sentenció Verbitsky.
