Cristina Fernández de Kirchner fue citada a los Tribunales federales de Comodoro Py con ocho nuevas imputaciones en su contra. La mayoría de las indagatorias pedidas son derivaciones de la causa de las fotocopias de los cuadernos. En ese expediente, CFK ya está procesada por asociación ilícita y tiene pedido de desafuero.
De esta manera el Juez Bonadio, entiende la defensa de la ex-presidenta, incurre en la violación de la garantía del «ne bis in idem”, que implica que no se puede juzgar dos veces a alguien por lo mismo.
La ex presidenta se limitó a presentar escritos, declinando la opción por la indagatoria, por lo tanto no hubo demasiadas novedades. Pero donde sí las hubo fue en otra causa, la que investiga el vínculo entre el fiscal de la causa por las fotocopias de los cuadernos, Carlos Stornelli, y el falso abogado Marcelo D’Alessio.
Ayer fue imputado D’Alessio y el juez pidió que se investigue la participación de Stornelli, por lo que de comprobarse que Stornelli formaba parte de la asociación ilícita que extorsionaba empresarios para cobrarles sobornos a cambio de desvincularlos, toda la causa de las fotocopias podría derrumbarse.
Otra de las causas por la que prestó declaración Cristina Fernández, se originó luego de un allanamiento donde se encontró una carta entre O’Higgins y San Martín y un prontuario de Hipólito Yirigoyen, que según determinó el Juez Bonadio, no pueden estar en manos de particulares.
Otra es la de supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Liucado (GNL) es aquella en la que detuvieron Julio De Vido y Roberto Baratta. En esta causa fue denunciada por el falso abogado Marcelo D’Alessio, recientemente detenido por formar parte de una asociación ilícita.
Todos los llamados a indagatoria están vinculados a causas en donde se hace hincapié en actos de corrupción. Tanto la causa de los cuadernos, así como en la investigación por obras públicas viales, por coimas en ferrocarriles, en otra causa derivada en un allanamiento a su casa de El Calafate, en el caso de irregularidades en corredores viales, por sobreprecios en gas licuado y por los vuelos de la flota oficial hacia la provincia de Santa Cruz durante su gobierno.
