La vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof pidieron ayer que se tomen medidas para intervenir ante el aumento de precios que amenaza a las familias argentinas. Las palabras de estos dos referentes del peronismo se conoció después que se difundieron los datos de pobreza e indigencia del INDEC. Antes también se había realizado la presentación del Presupuesto nacional, que estuvo a cargo de Sergio Massa y donde se anticipó una inflación del 60% para el próximo 2023. No hay dudas que en parte el pedido de Cristina y Kicillof también se dirigió al ministro de Economía.

Según el INDEC el índice de pobreza para el primer semestre de 2022 estuvo 4 puntos por debajo que en igual periodo del año pasado. Para enero -junio de 2022 fue de 36,5% y en 2021 había sido de 40,6%. En tanto que el registro de indigencia se ubicó para este primer semestre en 8,8%, por debajo de los 10,7% de igual período en el año anterior.

Estos números, sin embargo, no son tan buenos si se comparan con el período exactamente anterior al actual, es decir, el último semestre (julio-diciembre) de 2021. Contrastadas así, la pobreza decreció menos de un punto porcentual (de 37,3% a 36,5%) y la indigencia creció de 8,2% a 8,8%.

Como la pobreza y la indigencia son evaluadas en función del poder adquisitivo para la compra de alimentos, no hay dudas del papel que juega en esta evaluación el aumento de precios, que tiene precisamente a ese rubro como el principal motor de la inflación. Las personas en situación de pobreza son aquellas que alcanzan con sus ingresos a comprar lo mínimo para alimentarse (no se computa el pago de servicios, alquileres y otros bienes), y las personas en situación de indigencia son aquellos cuyos ingresos no les alcanza ni siquiera para un mínimo de alimentación.

El dato alarmante es cuando estos datos se miden de acuerdo a la franja de edad: más de la mitad de los niños (el 50,9%) entre 0 y 14 años pertenecen a familias que están bajo la línea de pobreza.

En números absolutos, la pobreza alcanza en nuestro país a 16,8 millones de personas de un total de 46,2 millones de habitantes. En tanto que son 4 millones de personas las alcanzadas con ingresos de indigencia.

«Es necesaria una política de intervención más precisa»

Esto llevó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a referirse públicamente al tema y pedir medidas al respecto. «Evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos» dijo y advirtió que «las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad» y pidió «una política de intervención más precisa y efectiva en el sector«. A nadie se le escapa que desde la llegada de Massa al gobierno como ministro de Economía el escenario inflacionario no se modificó y que no se han presentado medidas dirigidas a combatir la inflación. Incluso, ese fue el pedido expreso de la Liga de Gobernadores.

Cristina opinó que «está mas que claro» que el país está «ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda«. «Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad«, remarcó, precisamente en un contexto donde la situación de los trabajadores de los neumáticos puso en discusión las ganancias de las empresas.

Y dirigió con claridad su opinión: «el ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector«. Por último, pidió «diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia«.

«Poner un límite a los aumentos»

En el mismo sentido se pronunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una entrevista que brindó a Radio 10 donde pidió «poner un límite a los aumentos de precios de los sectores que han ganado mucho«.

«Hay sectores a los que les está yendo muy bien. El problema es que hay una fuertísima recuperación y eso no derrama naturalmente. Es fundamental que esa rentabilidad y ese crecimiento se reflejen en el incremento de los ingresos y los salarios«, señaló. Si el Estado no cumple ese rol, indicó, «se genera inestabilidad financiera y procesos especulativos; porque crecen los precios más que los salarios«.

«Observo que estamos en una etapa en la que hay resultados mixtos porque la economía crece, el desempleo cae, pero se deteriora la distribución: los ingresos de los trabajadores y sectores populares van perdiendo contra la inflación«, analizó el gobernador. En este contexto, entonces, «si los precios suben más que los salarios, los frutos del crecimiento los están acumulando los sectores concentrados» y agregó que el valor de los insumos está bajando a nivel internacional.

Kicillof pidió dar la discusión «sobre la distribución y qué medidas tomar para que se recupere poder adquisitivo» ya que hay precios «que han subido sin justificación«. Y se manifestó en sintonía con la propuesta de la vicepresidenta: «hay que poner un instrumento y una forma de medir o discutir esas rentabilidades y ponerle un límite a los aumentos de precios de los sectores que han ganado mucho«.

«Va a haber que sentar a los sectores. Los instrumentos son varios, pero hay que llegar a una comprensión de que hay una dificultad. Hay sectores con ingresos elevadísimos, pero el resto de la sociedad está con mucha dificultad en el marco de un proceso de crecimiento y consumo«, consideró y opinó que «si se deterioran los ingresos, se va a erosionar el poder de venta«.