El debate por la legalización del aborto seguro y gratuito marcó a dos bandos en los que la gran mayoría de la sociedad tomó una postura: «verdes» a favor que el aborto sea libre y «celestes» a favor que continúe siendo clandestino.
La visibilización de esta realidad no resuelta de la salud pública hizo que muchos representantes tengan participación activa en las listas. Sin embargo, se notó una clara diferencia: mientras quienes estaban a favor de la legalización del aborto integran espacios de izquierda, del peronismo o de Cambiemos, los «pañuelos celestes» formaron distintos partidos nuevos cuya inspiración política gira en torno al rechazo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La elección de Amalia Granata, que será diputada provincial en Santa Fe, alentó a varios otros a seguir el mismo sendero. Tal es el caso de Leandro Rodríguez Lastra, el ginecólogo condenado como culpable de obstaculizar un aborto legal a una víctima de violación, y que ahora será candidato a diputado nacional por el partido Demócrata Cristiano en la Ciudad de Buenos Aires.
En los próximos 15 días, Rodríguez Lastra conocerá su sentencia y se determinará si puede finalmente integrar una lista o no. El accionar de Rodríguez Lastra no es una cuestión subjetiva ni de debate: el ginecólogo cometió un delito, que está claramente marcado en la juridicción de Río Negro, en donde no quiso practicar el aborto a una joven que había sido violada.
Río Negro tiene su propia ley para garantizar la atención sanitaria de los abortos no punibles, sancionada en 2011 y reglamentada cinco años más tarde. “Nuestra ley es muy clara en este sentido. Por más objetor de conciencia que sea el profesional que recibe un caso tiene la obligación de garantizar la práctica. Si bien cuesta porque hay muchísimos médicos objetores, la voluntad política de la provincia es ésta. Cuesta pero de a poco se va implementando”, expresó Daiana Neri, investigadora y docente universitaria que integra la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Río Negro.
«Por más objetor de conciencia que sea el profesional que recibe un caso tiene la obligación de garantizar la práctica«, continuó la investigadora que concluyó: «Sabemos que está de licencia mientras hace campaña. Lo que queremos ahora es que el Estado, el mismo que lo condenó, le retire el cargo. Necesitamos ginecólogos garantes de derechos».
