La firma Vicentín habría recibido de manera irregular un cúmulo de préstamos en dólares que llamó la atención de las nuevas autoridades nacionales. Ahora se conoció que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ordenó la intervención de la empresa y la expropiación.

La información indicaba que la empresa superó el 20% del compromiso patrimonial computable, y que los varios préstamos que recibió eran otorgados en dólares, sin autorización del directorio, una total irregularidad.

Siempre sin devolver ni un peso, el último fue recibido en agosto de 2019 en un contexto electoral, que completó una suma global de entre 300 y 350 millones de dólares.

El decreto que hoy anunció el presidente dispone la intervención por 60 días de la empresa cerealera, y anuncia el envío de un proyecto de expropiación al congreso.

En la conferencia de prensa que presentó el anuncio, Fernández sostuvo que «Todos los activos del Grupo Vicentín formarán parte de un fondo fiduciario gestionado por YPF Agro. Se trata de un sector de la economía que tiene particular relevancia, como es el mercado de granos y cereales».

«Ésta no es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Es un empresa que estaba en un concurso preventivo de acreedores», dijo el presidente sobre Vicentín que días antes de abandonar el poder el presidente Mauricio Macri, se declaró en cesación de pagos. Una total rareza ya que durante el periodo de gobierno del presidente Macri (mientras la empresa recibió los préstamos), la empresa logró pasar a ser la que más facturaba en términos anuales, superando a firmas gigantescas como Cargill o aceitera general Deheza.

Esta empresa dará la posibilidad no solo que los pequeños productores tengan alguien a quien venderle, sino que el gobierno tenga una empresa testigo que le permita conocer cómo se forman los precios y de qué manera se maneja el mercado de granos.

Entre las dudas que hay sobre Vicentín y la forma en que tomó los préstamos, está la «colaboración» a la campaña para la reelección de Mauricio Macri con una suma cercana a los 13 millones de pesos.

La empresa también cuenta con una integración vertical que la convierte en vendedora, acopiadora, productora, propietaria de tierras y de un puerto que paga menos impuestos que un kiosko.