La AFIP buscará embargar activos del empresario Cristóbal López para evitar que pueda declararse insolvente y dejar impaga la deuda fiscal por $8000 millones que acumuló durante los últimos años.

López retuvo dicha cifra en impuestos a la transferencia de los combustibles (ITC) que debió girar a la AFIP, pero que utilizó para solventar la expansión de su Grupo Indalo, comprar empresas y financiar proyectos que daban pérdidas.

Es decir, en términos más claros, que se financió con dinero que cobró a sus clientes como agente recaudador de un impuesto que nunca transfirió al Estado.

El titular del órgano recaudador, Alberto Abad junto sus colaboradores explicaron e hicieron ver sus primeros pasos sobre López, su socio Fabián de Sousa y su grupo de empresas.

El primer paso fue trasladar su petrolera Oil Combustibles de una pequeña agencia de Palermo a Grandes Contribuyentes Nacionales para reforzar los controles.

Tanto López como De Sousa optaron ayer por el silencio.

Horas antes de la publicación de la investigación, su socio defendió el proceder del Grupo Indalo.

Sostuvo que

López se limitó a utilizar todos los recursos que uno tiene para siempre estar invirtiendo. Tendría que tener el culo muy sucio para escapar si alguien investiga. Nosotros no tenemos nada que esconder.

De Souza también sostuvo que hicieron las cosas como corresponde y que, en cualquier caso, hizo lo que cualquier otra empresa pudo haber hecho, como acogerse a planes de pago de la AFIP por esa deuda multimillonaria.

En consecuencia, uno de los planes de pago que obtuvo Oil Combustibles depende de la exclusiva y discrecional decisión del titular de la AFIP, que en ese momento era Echegaray.

Más aún, Oil Combustibles fue la única petrolera grande que opera en el país que se quedó con dinero del ITC, ya que ni YPF, ni Shell, ni Petrobras, ni Axion adeudan dinero por ese impuesto ni adoptaron una operatoria similar.

Por su parte, la diputada nacional Elisa Carrió anticipó ayer que se presentará hoy ante la Justicia para que impulse la investigación por presunta asociación ilícita contra los Kirchner, López, Lázaro Báez y otros.

Horas después, Echegaray emitió un comunicado de prensa para defender su actuación, que calificó como absolutamente legal, y reiteró que la Justicia lo sobreseyó en 2014, cuando se investigó el primer plan de pagos que le otorgó a Oil Combustibles.