Durante la semana pasada, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, advirtió sobre las consecuencias que tendrá para los municipios de la provincia de Buenos Aires los cambios en los contratos de Participación Público Privada (conocidos como PPP).
Las empresas que participan en esa modalidad, a partir de ahora dejarán de hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en estas rutas nacionales cuando se produzcan siniestros.
Hasta el momento las empresas pagaban un canon a los Bomberos Volunta
rios de cada ciudad cuando asistían a socorrer un incendio o accidente. Ahora este cargo quedará bajo responsabilidad de los municipios, y por tanto, recaerá en los ciudadanos bonaerenses la responsabilidad.
«Los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas», sostuvo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Esta medida alcanzará a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).
«Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios, por lo que analizamos presentarnos ante la Justicia para que se revea esta situación que golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos», puntualizó Lorenzino.
