Después de haber permanecido detenido, ayer Lula fue puesto en libertad. El motivo de su detención fue obligarlo a declarar ante la justicia por el caso que investiga la red de corrupción en Petrobras. Sin embargo, el megaoperativo montado y su espectacularidad dan a pensar que se trata de un ataque al Partido de los Trabajadores brasilero al que pertenecen tanto Lula como Dilma.
En la declaración, que duró más de cuatro horas, Lula recibió preguntas que no estuvieron relacionadas al caso, por ejemplo, se le preguntó sobre dos barquitos que compró a sus nietos. En tanto que la mandataria brasileña, Dilma Roussef en un mensaje televisivo dijo estar en “plena disconformidad con el hecho de que un ex presidente de la república, que muchas veces compareció voluntariamente para ofrecer aclaraciones ante las autoridades competentes, sea ahora sometido a un innecesario traslado coercitivo para dar testimonio,” se quejó la mandataria.
Los fundamentos formales del pedido de declaración de Lula se vinculan a que el Instituto que maneja el expresidente podría haber servido de “pantalla” para recibir coimas de la petrolera. Sin embargo, la forma del procedimiento pone en duda que en verdad se trate de una cuestión penal, sino que la acción estaría dirigida a minar el poder político de Lula de cara a las elecciones de 2018.
En efecto, el juez Moro que lleva adelante el caso, es cuestionado en Brasil por sus vinculaciones políticas y una especie de campaña de marketing que lleva adelante con su figura. Sin embargo, ayer por la tarde Lula realizó una conferencia de prensa en la que anunció que está listo para recorrer el país defendiendo su historia y la historia del Partido de los Trabajadores (PT). “Quisieron matar a la yarará, pero en lugar de golpearla en la cabeza golpearon la cola. Y la yarará está viva y lista para volver”, dijo en clara referencia a las elecciones del 2018.
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