El juez federal de Junín, Héctor Plou, hizo lugar a un amparo presentado por productores de dicha ciudad que buscaba declarar inconstitucional el decreto 851/2021 del Poder Ejecutivo, el que establece la forma en que se aplican los derechos aduaneros de exportación para productos agropecuarios, conocidos como «retenciones». El fallo se suma otros iguales de magistrados de la Ciudad Autónoma, Córdoba y Tucumán.
El representante legal de los productores que se presentaron ante Plou, Alejandro Barbieri, expresidente de la Sociedad Rural juninense, argumentó que el cobro de derechos de exportación a las materias primas agropecuarias era legalmente improcedente. Basó su juicio en que no se encuentra vigente la ley de presupuesto. Cabe recordar que el congreso nacional no logró llegar a un acuerdo para sancionar el presupuesto 2022 por falta de acompañamiento de la oposición.
Según el letrado de los ruralistas, el gobierno nacional no posee facultades vigentes para fijar derechos de exportación, pese a que la constitución lo fija en el artículo 75. A la falta de sanción del presupuesto se agrega que tampoco se encuentra vigente la ley de emergencia económica. Razones como estas habían sido presentadas ante tribunales porteños, cordobeses y tucumanos tiempo atrás, obteniéndose fallos en la misma dirección que el que dictó Plou.
El abogado Barbieri consideró que: “Si bien nos encontramos ante una sentencia que no se encuentra firme, seguramente debatible en otras instancias judiciales, es una buena noticia en la búsqueda de otras alternativas de defensa de los derechos del sector agropecuario”, según recogió el portal Infocampo.
Entre las repercusiones que generó el fallo de Plou, se destacan los dichos de Andrés Moutous, actual presidente de la Sociedad Rural de Junín: «Es un avance para legitimar el reclamo que se viene con respecto a las retenciones y su inconstitucionalidad», según declaraciones del dirigente brindadas al diario Democracia.
