(PUBLICACION PEDIDA)
”La detención de la líder de la organización Túpac Amaru, luego de protagonizar un acampe en una plaza de la capital jujeña, es a esta altura un escándalo internacional y ha generado polémicas en la que el mismo Papa ha intervenido claramente a favor de su liberación. A este reclamo se suma la ONU, quien en su momento publicó un contundente documento donde pide “la liberación inmediata o la justificación por escrito” de su cautiverio. El documento de las organizaciones señala que debido a su detención, Milagro Sala sufre «una irreparable afectación del derecho a la libertad de expresión y a la protesta social Sala fue acusada por los delitos de «instigación a cometer ilícitos» y «tumulto» y detenida desde el 16 de enero pasado. Una semana después se sumaron causas por «fraude a la administración pública», «asociación ilícita» y «extorsión». Se manipularon artículos del código penal para proceder a la detención, acusándola primero de “tumulto”. Una semana después, como esa carátula eran insuficiente y no justificaba la detención, se agregó la de “instigación a cometer ilícitos”. Y como esto tampoco es suficiente finalmente agregaron “asociación ilícita” y “defraudación a la administración pública”. Cabe destacar que la figura de “asociación ilícita” fue creada para perseguir al sindicalismo en la época de la dictadura, en la que la huelga era delito. Se puede afirmar que en este caso el tipo penal tal como se lo interpreta es inconstitucional. La realidad marca que si es por el acampe no tiene que estar presa, por eso, ahora el Gobierno le suma una serie de delitos que no están comprobados para justificar esta situación que además de injusta es una verdadera vergüenza para todos los argentinos. La protesta no puede estar judicializada. El gobernador de la provincia de Jujuy debe abrirse al diálogo en lugar de intentar destruir la protesta. La decisión política nació de Gerardo Morales. Al parecer, un gobernador puede influir en un juez. El juez de Control Nº 1, Dr. Gastón Mercau respondió que el Código Penal de la Nación establece una pena de uno a cuatro años para el delito de tumulto y de dos a seis años para el de instigación a cometer delito, por lo que no se sabe cuánto tiempo más le depara la cárcel a la líder jujeña. Está claro que la detención de Milagros Sala es ilegal e ilegítima. No se respetaron ninguno de los mecanismos y procedimientos legales existentes.
Bloque de Concejales PJ-FPV
