Las penurias económicas en las municipalidades se extienden a todos los puntos de la provincia y son varios los distritos que tienen dificultades para pagar sueldos y horas extras.
Archiconocido es el caso de Chacabuco, donde gobierna Aiola de Juntos Por el Cambio, que solo gracias al salvataje de la provincia pudo pagar sueldos y, al revés que todos los municipios, ahora está mejor que antes.
Otro es el caso de General Viamonte, donde gobierna Franco Flexas, también de Juntos Por el Cambio. Allí, el 30 de abril pasado los empleados municipales del área de salud del hospital situado en Los Toldos (ciudad cabecera) se encontraron ante la sorpresa que el gobierno local no había depositado las horas extras que les correspondía cobrar ni habían sido informados que eso ocurriría.
Tras la intervención del secretario general del Sindicato Municipal, Aldo Pereyra, se inició un reclamo legítimo. En diálogo con La Posta, Pereyra explicó: «El personal de salud quería hacer un paro de brazos caídos, ya que en el contexto de emergencia está prohibido ausentarse del lugar de trabajo».
Iniciadas las negociaciones con directivos del hospital que intercedieron ante el ejecutivo municipal, se llegó al acuerdo de que las horas serían depositadas el 11 de mayo. El acuerdo incluyó también a los trabajadores de Granja Hogar Municipal.
A la vez, Aldo Pereyra informó que el gobierno municipal en vez de realizar pago en efectivo de las horas extras las «canjea» por días de franco: «Hay maniobras del gobierno que no son transparentes y por las cuales ya no podemos hacer mucho, por ejemplo, recuperar las horas extras que cambiaron por días de franco, las cuales algunos trabajadores habían aceptado».
Como algunos aceptaron ese canje, dijo: «Para los que firmaron ese acuerdo ya no podremos recuperar lo trabajado, pero sabemos que esa no es la forma de pagar horas extras».
El fin del conflicto debería haber llegado con el pago de las horas extras, que finalmente fueron depositadas por el municipio el día 11. Pero ahora, unos días más tarde, se renovó tras conocerse que la supervisora de enfermería fue suspendida esta semana por hechos sucedidos aquel 30 de abril.
Pereyra dijo que el argumento del gobierno es que la supervisora les «habría informado a los trabajadores que no iban cobrar las horas extras correspondientes si aceptaban realizar la campaña de vacunación».
Como los empleados se negaron, la municipalidad interpreta que se trató de un paro y suspendió y apercibió a la supervisora, dos enfermeras y el ambulanciero.
El sindicato explicó que ya presentaron el pedido de explicaciones al intendente junto a la Asociación de Profesionales. «Tenemos un gobierno que va en la dirección contraria a lo que nosotros defendemos, y deben entender que el diálogo y el entendimiento están primero que la imposición del poder», expresó el delegado gremialista a La Posta.
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