Finalmente el Gobierno aprobó la comercialización estos productos tan cuestionados luego de tener el visto bueno de las investigaciones confidenciales realizadas por una comisión técnica-científica que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos.

El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros. El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegará a verdulerías y a la mesa familiar.

El 4 de noviembre la empresa Bioceres  presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.

Por su parte, la papa modificada geneticamente fue presentada en un evento biotecnologico, el 10 de diciembre, en el que  estuvieron el Secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi).

La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la tan controvertida ley. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.

Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).

Por su parte, una decena de organizaciones sociales que se oponen a la implementación y consumo de estos alimentos salieron a responder y a manifestar su descontento «No se metan con nuestro pan» fue la consigna en común que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. «Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios», advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.

También se mostraron en desacuerdos varios especialistas y profesionales del tema, como Carla Poth quien es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, en su tesis doctoral investigó la Conabia y fue contundente con sus palabras. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”. 

Fernando Frank, integrante de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.