El Estado Nacional apeló la decisión de la jueza federal de la seguridad social Ana María Rojas que impuso un plazo breve a la ANSeS para que resuelva el reclamo iniciado por Amado Boudou para cobrar su pensión como ex-vicepresidente de la Nación.
Después de que la jueza federal Rojas hiciera lugar a un amparo presentado por el ex-vicepresidente y ordenara a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que se expida al respecto «en el plazo de veinte días de notificado, bajo apercibimiento» de ser denunciados penalmente por incumplimiento, el Estado Nacional apeló la medida evitando que el organismo defina la situación por ahora.
El reclamo del Gobierno se presentó ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, dilatando los tiempos para que se decida si Boudou podrá percibir su pensión o no. La decisión guarda relación con un reclamo de la Oficina Anticorrupción (OA), a la que la ANSeS le pidió que intervenga y analice si corresponde que dicho beneficio sea otorgado al segundo de Cristina Kirchner.
Este reclama las 3/4 parte de un sueldo de un ministro de la Corte que gana, en promedio, unos $240 mil por mes, tal cual lo contempla la ley 24.018. Serían unos $180 mil.
Boudou inició el 10 de diciembre de 2015 los trámites para comenzar a cobrar su pensión como ex-vicepresidente de la Nación, un beneficio al que se acogió Cristina Kirchner en el 
mismo período. Pero la finalización del expediente contó con otros plazos y terminó judicializado.
El argumento de la Oficina Anticorrupción, liderada por Laura Alonso, pone en duda el derecho de Boudou a cobrar «ante la inminencia de una posible condena en el juicio por Ciccone, antes de la feria judicial».
En caso de que haya condena penal contra el ex vicepresidente, la OA informará a la Anses que «no debe pagar la pensión vitalicia dado que Boudou incurrió en delitos contra la administración durante su ejercicio en el cargo«.
