La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió recomendar al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc o que adopte alguna medida patrimonial.
El organismo dictaminó sobre la situación del ministro en virtud de su previo rol como CEO de Shell y su carácter de accionista de Royal Dutch Shelll Ltd en el marco de las normas sobre conflictos de intereses.
La OA sustenta su recomendación en el «deber de prudencia» previsto en el Artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública.
Dicha disposición sostiene:
«El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores».
Además, la OA le hizo saber al Ministro que deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell y con relación a la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario.
En caso que se presente una situación de este tipo, el Ministro deberá comunicar su excusación al Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo.
En ese sentido, la Oficina Anticorrupción destacó que si bien la Ley 25.188 no prohíbe la tenencia de acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario y sólo lo obliga a abstenerse de intervenir en las cuestiones relacionadas a dicha sociedad, las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas.
