(Comunicado)
La Legislatura bonaerense sancionó en julio del año pasado la ley de “boleto estudiantil gratuito” que creó un régimen gratuito para los usuarios del sistema de transporte provincial de colectivo, ferroviario o fluvial en los servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinado a alumnos de todos los niveles –primario, secundario, terciario y universitario- pertenecientes a instituciones educativas de gestión estatal y privada, y que tengan asiento en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, el actual gobierno provincial manifestó la intención de no reglamentar la norma vigente que había sido impulsada por el Bloque Frente para la Victoria – PJ, y pretende poner en debate una nueva ley.
La ley actual de boleto estudiantil pretende profundizar el derecho a la educación, puesto que otorgar derechos implica no sólo enunciarlos desde el plexo normativo, sino también promover el acceso a la ciudadanía, puesto que de lo contrario constituye un mero acto de liberalismo. En tal sentido, es necesario garantizar que el alumno pueda ir a la escuela para profundizar el acceso a la educación, y el servicio de transporte constituye una de las condiciones que la posibilitan. Actualmente, de acuerdo a la estadística de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y de la Agencia Provincial de Transporte, el 35 por ciento de la matrícula bonaerense recurre al transporte público, en números: 1.382.885 alumnos. Considerando que la norma fija hasta 50 viajes mensuales para los alumnos de los niveles primario y secundario, y 45 para aquellos estudiantes de instituciones de formación terciaria y universitaria, el Estado provincial está generando una desinversión en materia educativa de 272 millones de pesos.
El Estado debería asumir la responsabilidad de generar los medios que posibiliten dar cumplimiento a la Ley N° 13.688 que en el 2007 planteó la educación como una “prioridad provincial” y “una política de Estado para construir una sociedad justa”. Esta mirada tomó distancia de las decisiones del ex Ministro de Economía, Ricardo Lópéz Murphy, que en el 2001 propuso recortar el presupuesto educativo a días de que el gobierno hubiera firmado un acta de compromiso con los gremios docentes que permitió levantar la Carpa Blanca plantada frente al Congreso nacional. En estos días, el aumento de tarifas tanto en transporte como en otros servicios públicos, las medidas de ajuste y la ausencia de decisiones que permitan avanzar en educación -como lo demuestra hoy el gobierno de la Provincia haciendo olvido de esta norma-, nos retrotrae al pasado.
Subsidiar el boleto estudiantil significa que el Estado realice transferencias de modo indirecto a los salarios de los trabajadores, en este caso dirigidas específicamente a la educación de los sectores más desfavorecidos que son los que deben apelar al transporte público de modo obligatorio. Por lo tanto no son gastos que el Estado debería ahorrar para no generar desequilibrios fiscales, sino que son una herramienta de gestión que democratiza el derecho a la educación, pero que también incentiva el consumo y como consecuencia la producción, expandiendo así los recursos que el Estado pueda disponer a futuro. De modo que muchas de las interpretaciones peyorativas que contienen los subsidios, como “políticas populistas”, están asociadas en realidad a intereses contrapuestos a la distribución del ingreso en pos del bienestar general.
El boleto estudiantil constituye una conquista sobre un reclamo histórico en nuestro país. “La noche de los lápices” representa el secuestro, la tortura y los asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico-militar el 16 de septiembre de 1976 como respuesta represiva al reclamo llevado a cabo por alumnos secundarios –muchos de ellos pertenecientes a la Unión de Estudiantes Secundarios-. Como en aquellos años, el boleto estudiantil significa un modelo de Estado que se reconstruyó a partir de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y por el que es necesario seguir trabajando.
Dr. Rubén Darío Golía
