Varios funcionarios de la obra social implicados en el escándalo de las internaciones domiciliarias en el interior bonaerense, vinculados al dirigente Carlos Quintana, fueron ratificados. Otros están siendo reciclados en un “instituto de enseñanza”

La palabra contubernio viene del latín contubernium y, según el diccionario, su significado refiere a “aquellas alianzas o convenios que se hacen para fines censurables”. Precisamente, esto es lo que viene ocurriendo en el Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA) donde, a cambio del irrisorio aumento salarial del 12% que firmaron las autoridades del gremio UPCN, el gobierno bonaerense está ratificando y/o reciclando a varios personajes sospechados de corrupción – vinculados al secretario general de ese sindicato, Carlos Quintana- en distintos cargos de la obra social bonaerense.

Hace dos semanas, el diario Hoy anticipó que tras una denuncia de la Asociación de Profesionales del IOMA se ordenó en una serie de allanamientos en Junín que derivaron en el  arrestado el responsable de UPCN de esa región, Eugenio “Lalo” Pirani, quien cumple funciones como jefe de departamento de la obra social.

Pirani está imputado por los delitos de asociación ilícita, estafa y enriquecimiento ilícito. Formaría parte de una red de empresas que, presuntamente, se dedicaban a internaciones domiciliarias, nutrición, tratamiento de kinesiología y salud mental. Entre las irregularidades detectadas aparece la facturación de tratamientos a personas fallecidas y a afiliados que no habían solicitado ninguna prestación.

Una de estas sociedades es Hestía SRL, que se dedica a internaciones domiciliaria y cuya titular sería testaferro de Lalo. Según pudo saber Hoy, uno de los responsables de reclutar pacientes y direccionar contrataciones a favor de esta empresa sería otro dirigente UPCN, oriundo de la localidad de Nueve de Julio: Jorge Miguel Malpere, quien habría sido nombrado como director de Regiones del IOMA a nivel provincial.

Malpere fue delegado de IOMA-Nueve de Julio y es un personaje que llegó a esa función de la mano de su esposa, María del Carmen Fernández, alias «Camu». Ella también está vinculada a Quintana y, además de haberse se desempeñado como jefa de departamento en el IOMA-Nueve de Julio, tiene un cargo de profesora en el Instituto de Enseñanza Superior (ISEI) de la obra social.

Distintas fuentes consultadas por Hoy aseguran que la Dirección de Regiones “significa la garantía de la continuidad de muchos de los negocios que tiene UPCN”. Asimismo, las fuentes agregan que Malpere no cumpliría con ninguno de los requisitos que se necesitan para cumplir esa función: no es profesional, no es técnico y ni siquiera recibió una mínima preparación. Es más, hasta no superaría un mínimo examen médico ya presentaría una patología psiquiátrica.

Reciclaje

Con el cambio de gobierno, Camu pasó a desempeñarse como directora de Asistencia Social en la Municipalidad de Nueve Julio, cuyo intendente es el macrista Mariano Barroso.  En tanto, la hermana de Camu es María Eugenia Fernández y actualmente s desempeña comoencargada del Departamento de Compras y Suministros del IOMA, por donde pasan todas las licitación de prótesis (se pagan exorbitantes sobreprecios, ver página 8) y la provisión de los elementos que solicitan los afiliados. Desde allí se direccionaría el pago –también con sobreprecios- a casas de internación domiciliaria que están sospechadas de ser entidades fantasmas que facturan cifras millonarias, inflando servicios o directamente inventando prestaciones que nunca se concretan.

Otros funcionarios del IOMA vinculado a UPCN, involucrados en el escándalo de la empresa Hestia SRL, es el actual director de la región General Pueyrredón, Omar Ceberino, y los médicos auditores Lucas Camarero Vilches y su hijo Lucas Camarero. Según la denuncia de APIOMA, los tres “realizaban las autorizaciones de la empresa de internación domiciliaria, quien justamente abrió una sede de la empresa en Mar del Plata para formalizar el desfalco al IOMA”.

“Luego de que Pirani cayera preso en Junín, estos personajes permanecieron casi 48 horas continuadas dentro de la regiónal haciendo desaparecer y borrando todos los datos de las computadoras con conocimiento de las autoridades actuales sin que se pongan a resguardo las pruebas del desfalco. Ceberino habría puestos como excusa que le robaron el sello a Lucas Camarero para hacer las maniobras. Pero, sospechosamente, no inicio el correspondiente sumario administrativo ni denunció en la justicia la desaparición del sello”, dijeron los profesionales.  Y alertaron que, producto del pacto de impunidad del gobierno con UPCN, muchos de los ex integrantes en casos de corrupción implicados en casos de corrupción se están reciclando  en el ISEI. “Este personal va a ser el encargado de formar a toda la gente que se interese en formarse sobre el manejo de una obra social como es el IOMA. Parece una broma”,  concluyeron.

En definitiva, la corrupción el IOMA despide un olor a podrido cada vez más fuerte.

Afiliaciones truchas

El hermano de Camu está casado con Eugenia Rosilló Acuña, otra funcionaria vinculada a Quintana a quien ya hemos mencionado en las investigaciones de Hoy. Siendo Directora de Afiliaciones del IOMA, cargo en la que fue ratificada por las actuales autoridades del instituto, habría orquestado una maniobra para que la obra social se haga cargo de los estudios y tratamientos de su madre extranjera (vive en estados Unidos), sin cumplir siquiera con los tres meses de carencia que exige la normativa vigente.  Para ese fin, de un día para el otro, la madre de la directora de Afiliaciones apareció como una afiliada cargo de su otra hija, Narda Angélica Rosilló Acuña, que también cumple funciones en el piso donde se tramitan las internaciones domiciliarias. Posteriormente, cumplido el estadio de visita a sus hijas en la Argentina, se habrían borrado automáticamente todos los antecedentes de los padrones de afiliados al IOMA.

La firma fantasma

Luego de que el diario Hoy informara que la cuestionada y denunciada funcionaria Liliana Méndez –también vinculada a Quintana- había sido ratificada  en la estratégica Dirección de Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatoria, se generó un verdadero escándalo en la obra social, que llevó a que las autoridades reconsideraran su decisión.

Actualmente, en el organigrama del IOMA, aparece “designación en curso” en ese cargo. Ahora bien, como aún no fue designado un reemplazante, Méndez seguiría recibiendo y firmando trámites y expedientes que involucran cifras millonarias.  Por esa dirección pasa el control de todo lo que tiene que ver con los contratos relacionados con el denominado primer nivel de atención. Es decir,  diálisis, prestaciones de kinesiología, fonoaudiología, odontología, prácticas bioquímicas, estudios de diagnóstico de alta complejidad, prestaciones médico-ambulatorias con sus correspondientes derivaciones a centros de salud de Capital Federal como puede ser el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, y la fertilización asistida.
Según pudo saber Hoy, Méndez seguiría recibiendo sobre cerrados con trámites que se realizan por fuera del circuito formal del IOMA dado que todos los expedientes deben ingresar por mesa de entradas. Méndez fue denunciada penalmente por la Asociación de Profesionales del IOMA por usurpación de titulo y ejercicio ilegal de la Medicina al auditar y autorizar prestaciones médicas –más de 1500 trámites en tan solo 30 minutos- por cifras millonarias, siendo una administrativa sin conocimientos técnicos-científicos.

Sobreprecios en la mira

De acuerdo a un informe al que accedió Hoy, los valores de los insumos que estaría pagando el IOMA presentan sobreprecios de más del 40 por ciento. Esto incluye retornos políticos y profesionales

Las irregularidades en el IOMA no se aplacan: a la denuncia de que en 16 meses que transcurrieron entre 2014 y 2015 se pagaron sobreprecios por 2800 millones de pesos, ahora se suma una preocupante acusación que involucra a profesionales de la salud.

Distintas fuentes aseguraron a Hoy que además de la corrupción política se  suma lo que denominan la “corrupción médica” que involucrarian a algunos profesionales que pedirían retornos de entre un 20 y un 30 por ciento, lo que impacta en los precios de medicamentos y estudios.

“La conjunción de los pedidos de coimas de funcionarios y personal profesional a los proveedores provoca que los sobreprecios de los insumos ronden en el 40 por ciento”, detalló uno de los denunciantes, quien agregó que así “es que tenemos un sistema de salud caro y decadente, con hospitales destruidos que mantiene a la atención de la población en riesgo”.

De acuerdo a las fuentes, los profesionales involucrados pactarían sobreprecios con los proveedores de insumos que se paga como “honorarios médicos”. “Se trata de una extorsión y participarían profesionales de casi todas las especialidades. Si los empresarios no arreglan no se concreta la venta del medicamento o implante”, afirmó uno de los denunciantes.

Galenos en la mira

Según un informe al que accedió Hoy, un grupo de neurocirujanos son los que están a la cabeza de los que más recaudan con “retornos”. “Pueden llegar a pedir 100 mil pesos por la colocación de un neuroestimulador vagal, unos 80 mil pesos por implantar una bomba para la espasticidad en discapacitados y hasta unos 30 mil pesos por ordenar una craneoplastía 3D”, especifica uno de los denunciantes. Siempre de acuerdo a las mismas fuentes, odontólogos que realizan cirugías de corrección mandibular piden retornos que rondan los 5000 pesos por la colocación de mini placas de titanio. Y algunos cardiólogos y hemodinamistas suelen requerir un plus de entre 8000 y 60.000 pesos por colocar un sten coronario o alguna endoprótesis.

Urólogos, deportólogos, traumatólogos, entre otros especialistas, también demandarían un retorno inmediato para firmar los expedientes entre el IOMA y los proveedores. Y lo que es mucho más grave, la denuncia afirma que “hasta solicitan estudios médicos e insumos que no son necesarios solo para recaudar”. Esta situación se enmarca en lo que explicitó la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma), que desde hace años viene denunciando irregularidades en la obra social bonaerense.

FUENTE: DIARIO HOY DE LA PLATA