La corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió solicitar al Tribunal Oral Federal 2 la remisión del expediente completo para evaluar un pedido realizado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández en el marco de la causa que la investiga por supuestos sobreprecios en la obra pública.

El pedido del abogado defensor Carlos Beraldi se planteó en virtud que el Tribunal Oral Federal 2 había puesto como fecha de inicio del juicio este mes, el 21 de mayo, pero las pericias que la defensa había pedido recién concluirán en agosto.

Esta situación llevó a la defensa de CFK a plantear que se le estaba negando justicia a la defensa al realizar el juicio sin que al menos concluyan las pericias ordenadas, algo lógico si se espera que sean concluyentes.

Según los especialistas no están terminadas, por lo que ante el pedido, la Corte resolvió que el Tribunal remita el expediente para análisis del mayor órgano de justicia de la Nación. Al parecer el Tribunal Oral Federal estaría de acuerdo con la decisión de la corte y una eventual postergación del juicio.

La causa de la obra pública y Lázaro Báez

La causa por la obra pública en Santa Cruz comenzó tras una auditoría que realizó el funcionario Javier Iguacel, que lo habría llevado a sostener que durante la administración de la expresidenta se pagaron sobreprecios a Lázaro Báez.

De las 81 obras que Báez ejecutó, sólo 51 forman parte del expediente, pero la pericia sólo se permitió sobre 5, lo que llevó a Beraldi a plantear el recurso hasta llegar a la Corte Suprema, que dio lugar a que se estudie mejor la causa.

En el caso de Báez, que solicitó las pericias sobre más obras, también se negó ese pedido.

Ante esto, el abogado defensor de Cristina Fernández, sostuvo que «Lo que se estaba por hacer era de gravedad institucional. Se quería iniciar un juicio, con toda la repercusión del mundo, contra una expresidenta, respecto de obras en las que ella no tuvo la menor participación».

Y agregó: «Pero lo central es que no nos admitieron la realización de pruebas elementales. No pedimos algo extraordinario, no pedimos ningún privilegio. Los fiscales Pollicita y Mahiques, éste último puesto por el gobierno, hicieron una instrucción totalmente amañada y hubo una clarísima obstrucción de justicia porque nos impidieron esas pruebas tan sencillas y habituales».

Cuando la corte resuelva, podría ordenar la realización de más pericias, fundamentalmente las pedidas por CFK y Báez que no debieran haber sido negadas. Ello podría dilatar más el comienzo del juicio oral, para después que se cumplan esas medidas.

Furia gubernamental

Desde el gobierno, quien contestó fue Paula Alonso, furiosa con la corte Suprema y pidiendo que se realice igual el juicio. En tanto que el Minsitro de Justicia, Gérman Garavano, declaró: «La revisión de la Corte o de las Cámaras son después de hecho el juicio y dictada la sentencia, en ningún lugar del mundo se producen antes de la decisión de los casos, eso también es muy peculiar de nuestro sistema que ha servido para generar impunidad o demoras de entre 10 y 13 años».

«Una escandalosa resolución con olor a (el exjefe de Gabinete) Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex presidenta», se quejó Laura Alonso, titular de la oficina anticorrupción. «Es una vergüenza republicana», sostuvo.

Es que la principal deriva de la causa, no es la cuestión de justicia, sino el interés político que tiene para el gobierno la posibilidad que Cristina llegue a las elecciones con un juicio en amrcha, algo que ahora parece alejarse entrando en los tiempos de la dilatada justicia.