Ayer el partido de Juntos Por el Cambio recibió la complicada noticia que el diputado del Parlasur Fabian «Pepín» Rodríguez Simón (Cambiemos) fue declarado en «rebeldía» por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría quien ordenó la captura nacional e internacional, dispuso la inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios

Esto se produjo en el marco de la causa que investiga las presiones de la administración de Mauricio Macri contra el Grupo Indalo, donde Rodríguez Simón es investigado como miembro de una mesa judicial que condicionaba a empresarios argentinos.

Rodríguez Simón había anunciado hace unos días por los medios anunciara que se encuentra en Uruguay (desde el 8 de diciembre) y que solicitó asilo político en el Uruguay, es decir, que no volverá al país para prestar declaración indagatoria; algo que ratificó su abogado defensor en un escrito que presentó en sede judicial.

Según la jueza el pedido de Simón al Uruguay «es absolutamente improcedente y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación». 

A esto agregó que «recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021, a través de la presentación que anteriormente se referenciara”.

Simón es una de las personas que tiene estrecha vinculación con el expresidente Mauricio Macri y está acusado de “haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019, a Carlos Fabián de Sousa y Cristóbal Manuel López, por intermedio de Ricardo Benedicto, que si le daban impulso al expediente caratulado “Macri Mauricio y otros s/ Asociación Ilícita” del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°1, les traería aparejadas consecuencias negativas a los negocios que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían quienes fueron socios de Cristóbal López en las empresas que explotaban el juego de azar”.

Asimismo de “haber exigido y obligado con intimidación, aproximadamente entre los meses de enero y noviembre de 2016, a Federico de Achával, Cristóbal Manuel López y Ricardo Benedicto, representantes y titulares de las empresas Hipódromo Argentino de Palermo S.A. (HAPSA) y de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por esa y por la firma Casino Club S.A. a que abonaran mayores cánones – principalmente en lo concerniente al Impuesto a los Ingresos Brutos – al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Gobierno Nacional, caso contrario se les rescindirían las concesiones que dichas empresas tenían – fundamentalmente en el Hipódromo de Palermo de esta ciudad -, les formularían imputaciones penales en su contra y, en el caso de Achával dándole a entender que podría quedar detenido”.

En ese caso, “no los dejarían acogerse a la moratoria que iba a disponer la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si no desistían de las acciones judiciales que habían entablado contra Lotería Nacional S.E. y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Lo descripto configurarían para la jueza los delitos de extorsión y amenazas que contemplan penas de hasta diez años de cárcel.

“Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente,  Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno”, añadió la magistrada.

Fabián de Saousa, miembro del grupo Indalo que controla C5N y Radio 10, entre otros, dio su palabra en un programa conducido por Gustavo Silvestre: «Rodríguez Simón fue el principal brazo ejecutor de la mesa judicial».