La apertura del año judicial realizada ayer fue una muestra de la puja entre los poderes del Estado. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tomó en su discurso muchos puntos de la agenda del Gobierno en materia judicial, como la reforma del Código Procesal Penal, la «desburocratización» o la anticorrupción.
Pero también convocó a debatir políticas de fondo a los tres poderes, en un convite que lo ubicaría al titular del máximo tribunal en la cabecera de la mesa. El presidente de la Corte buscó resaltar la legitimidad de su poder al advertir que la Justicia «no puede guiarse por encuestas».
En el cuarto piso de los Tribunales distintas figuras de los tres poderes del Estado rodearon el escenario. A la derecha, el ministro de Justicia, Germán Garavano; enfrente, jueces federales como Claudio Bonadio; y a la izquierda, los miembros del Consejo de la Magistratura y legisladores, como Miguel Piedecasas, Pablo Tonelli y Mario Negri.
Lorenzetti fue el único orador del acto desde un atril separado del escenario, donde permanecían sentados los otros ministros de la Corte: Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Desde el primer minuto, el líder del máximo tribunal puso la «reforma judicial» en el tapete.
La agenda que propuso Lorenzetti «va en línea con el Ejecutivo» sostuvo un alto funcionario nacional. El titular de la Corte propuso «reglas de conversación» para debatir la política de seguridad que en los últimos 30 años varió entre «mano dura» y «mano blanda».
O que se defina si el combate al narcotráfico depende de la Justicia Federal o provincial. Ambos temas coinciden con la agenda que propone Cambiemos.
También avaló el nuevo Código Procesal Penal. Incluso sostuvo que «el sistema procesal estuvo pensado en la defensa, pero la sociedad avanza y necesitamos pensar en un sistema pensado en el ataque», en un discurso que parece en línea con la Casa Rosada. Además, reclamó acelerar las causas de corrupción y la recuperación de activos de bienes que provengan de delitos. También apuntaló la digitalización de los expedientes judiciales. Todos son puntos que también plantea el oficialismo.
Durante los 60 minutos de su discurso, Lorenzetti hizo concesiones y ensayó autocríticas. Por un lado, el titular del máximo tribunal sostuvo que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene razón cuando reclama que los jueces no se pueden designar por la relación entre ellos. «Es así», dijo Lorenzetti. Pero luego criticó a todo el Estado por su falta de cooperación y hasta lanzó una convocatoria que se realizaría en la Corte Suprema para que los tres poderes discutan reformas de fondo.
Por otra parte, marcó la diferencia entre la Justicia y el Ejecutivo. «No tenemos el reconocimiento de las mayorías» y agregó que el Poder Judicial «no puede guiarse por encuestas». De esta manera, pareció tomar distancia de la Casa Rosada y mostrar que la Justicia tiene la legitimidad para decidir sobre políticas de fondo al no depender del humor social.
Hacia el final del discurso planteó cambios institucionales, como aumentar los tribunales y acelerar los tiempos. «No se puede esperar 10 años por una sentencia», indicó y aseguró que «la tragedia burocrática nos aleja del drama humano». La idea de la Corte es discutir las propuestas, convocar a los otros poderes y acordar principios básicos. De esta manera, Lorenzetti parecería exigir un rol más influyente para la Corte, por sobre el Ejecutivo y el Legislativo. A su vez, desde el Gobierno quieren apurar la fecha de estas definiciones. «Nos reunimos a fin de mes», sostuvo el ministro Garavano, al retirarse del Palacio de Tribunales. Según el funcionario, el discurso de apertura del año judicial fue en línea con los reclamos de la sociedad.
Por último, Lorenzetti tomó distancia de algunas medidas del Gobierno. Si bien se mostró abierto a que la sociedad «controle» al Poder Judicial, no hizo mención a la presentación de declaraciones juradas por parte de los jueces. También planteó en términos generales que se debata sobre la Justicia Electoral, respecto a si es competencia del Ejecutivo o no. La jueza María Romilda Servini de Cubría evitó responder al respecto, pero al retirarse del Palacio sostuvo que «hace 35 años me encargo de las elecciones, sin problemas».
