Tras la presión popular para que en Mendoza no se aplique las modificaciones a la ley provincial 7722 que iba a permitir el uso de cianuro y otras sustancias peligrosas en la explotaciones mineras, ayer el gobernador Suárez anunció que no reglamentará la nueva ley.

Aunque fue promulgada, no entrará en vigencia, lo que fue leído generalmente como un triunfo popular tras las movilizaciones y la represión que mandó a ejercer el gobernador.

La movilización alcanzó mayor notoriedad luego que la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia anunciara que no se realizaría el festival tradicional mendocino si no se volvía atrás con la medida.

Ayer, en una conferencia de prensa Suárez anunció «No voy a reglamentar la ley, no estará vigente«, confirmando que abrirá un «diálogo» con organizaciones y la iglesia (otro de los actores que se sumó a la presión).

Suárez, que no derogó la ley 9209 que modificó la 7722, sino que suspendió la aplicación, aseguró que la razón de su proceder se debió a que «El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social«.

El hecho que no se haya derogado despierta a la vez la desconfianza de varios sectores que ven la posibilidad que se trate de una dilación en vez de una rectificación del rumbo elegido por el gobierno provincial.

No obstante, este jueves el bloque del Partido Justicialista presentó en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto para que la ley 9209 se derogue.