Gabriela Michetti determinó que cuando la semana próxima la Comisión Revisora termine con la auditoría, se darán de baja alrededor de 1600 contratos, sumándose así a una larga lista de empleados despedidos, cuya cifra asciende a un total de 110.000, desde que comenzó la gestión macrista.
Además, hace unos días también cesó en sus funciones a 400 trabajadores que se encontraban en Planta Transitoria.
Su justificación reside principalmente en aludir reiteradamente que se trata de «ñoquis», pero fundamentalmente tiene como argumento central el ajuste de gastos.
Al respecto, dijo:
Estamos cerrando el tema de aquella primera cuestión que fueron los 2000 despidos por los decretos que Boudou había hecho, con los que duplicó la planta permanente del Senado. Estas personas no cumplían tareas, eran planta política y de golpe fueron pasados a permanente, con lo que violaban las normativas.
Lo que la presidenta olvidó es que en dicho paquete de despedidos había incluido sin saberlo, a 100 personas con capacidades diferentes, a lo que después debió reincorporar, ya que desconocía la existencia de una ley que obliga al Congreso a tener un porcentaje de empleados discapacitados.
Luego el argumento sobre la intención de recortar un gasto excesivo también tambaleó, cuando se supo que mientras despedía gente, Michetti había ascendido a su prima en el Senado, duplicándole el sueldo.
El titular del Gremio Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, ayer se mostró con poca voluntad de criticar la confirmación de otros 1500 cesanteados, aduciendo que “no escuché las declaraciones de la Vice-presidenta ni vi las conclusiones de la comisión, por eso no puedo opinar”.
