Este martes 1 de febrero se llevó a cabo la marcha que pidió por la democratización de la justicia y pidió la remoción de los actuales miembros de la Corte Suprema. El único orador fue el juez Juan Ramos Padilla, titular del juzgado del Tribunal Oral Criminal 29. Luego se realizó la lectura de un documento unificado que suscribieron jueces, exjueces, asociaciones y miembros de los servicios de justicia.

«Van a quedar en la historia como la peor Corte que hubo, los que más delitos cometieron y encubrieron«, dijo Ramos Padilla principal organizador de la marcha. Sobre las razones de porqué los miembros deben dejar sus cargos en el máximo tribunal «se tienen que ir hoy porque no van a poder sostener la mirada a un argentino de bien». «Queremos una justicia donde verdaderamente el principio de que todos somos iguales ante la ley se cumpla», dijo y cerró su exposición al afirmar que «empezó la lucha, vamos a cambiar la historia».

En tanto que el documento leído señaló «hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la democratización de la justicia y el fin del Lawfare».

Juicios políticos

El instrumento legal para remover los jueces del máximo tribunal es el juicio político, pero los «numerosos pedidos de juicio político con los que ya deberían haber sido removidos, duermen en el Congreso de la Nación», indicó el documento.

«Decimos que se tienen que ir porque con esta Corte no hay Justicia ni hay democracia plena«, ya que, el máximo tribunal «condiciona severamente al sistema político».

Además «viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales» y «lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que sólo les interesa violar nuestra soberanía».

Recordaron «la aberrante sentencia del 2 por 1 con la que debutó esta Corte en 2017 favoreciendo a los genocidas condenados en juicios justos con todas las garantías» aquella decisión tomada por la Corte «que el pueblo movilizado en todas las plazas de Argentina logró revertir».

Espionaje, persecución y falsos arrepentidos

Entre otros fundamentos mencionaron que la actual Corte «legitimó un sistema de justicia perverso como nunca antes se vio en democracia, sumándose a la ruptura del pacto democrático que perpetró el Gobierno de Macri con su plan sistemático de espionaje ilegal y persecución«. Asimismo «legitimó el abuso de prisiones preventivas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión en la actualidad».

«Porque legitimó pericias fraudulentas, actividades de inteligencia interna, espionaje a los detenidos y sus abogados defensores, aprietes a víctimas para convertirlos en falsos arrepentidos», citó el documento entre otras razones y porque «legitimó que diversos organismos del Estado y fiscales y defensores oficiales coordinaran la persecución a opositores».

«Se tiene que ir la Corte que integran Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, porque desde hace más de dos años tiene cajoneada la causa que podría resolver en favor de la libertad de Milagro Sala, que lleva más de 6 años detenida y de sus compañeros y compañeras de Tupac Amaru, presos y presas ilegal y arbitrariamente por imposición de los poderes fácticos», aseguraron los organizadores.

Entre otros argumentos faltaría precisar que la Corte se negó a recibir capacitación en género como marca la Ley Micaela. De esta manera es el único poder del Estado que no cumplió con la letra de la ley.