La escuela secundaria de O’Higgins hace tiempo se encuentra dividida entre público y privado. Los primeros años conforman el Anexo 3011 que esta bajo la órbita de la escuela Secundaria Nº1 «Manuel Belgrano». Mientras que los tres últimos años se realizan en el Instituto San Ana, de régimen privado y administrado por la Iglesia Católica, pero costeado con el impuesto de los argentinos por el Estado.

Las razones de esta división, explicaron a La Posta se remontan cuando se finalizó el régimen de EGB que había creado un tercer ciclo que comprendía hasta 9º año. Ante el cambio de este régimen a uno de seis años de primaria y seis años de secundaria. El Estado decidió hacerse cargo de los primeros años de la nueva secundaria, incorporando en su estructura los antiguos séptimo, octavo y noveno año.

En los últimos días, la comunidad educativa y todo O’Higgins se vieron confundidos cuando comenzaron a circular rumores de una probable transferencia de la parte pública a la privada, es decir de una privatización de la escuela secundaria que también deja la puerta abierta a que se arancele y los jóvenes de esa localidad no tengan más opción que pagar para educarse.

Este tema es de largo tiempo en la localidad ya que es cierto que no ha traído pocos conflictos entre miembros de la comunidad educativa por las opiniones acerca de si la escuela debía pertenecer al ámbito público o privado como solución a sus problemas.

Pero el tema trajo tanta polémica que ayer se realizó una reunión en la localidad encabezada por el Jefe Inspector Cruz donde asistió personal del anexo, auxiliares, docentes, directivos, inspectores y comunidad educativa y donde se habló de la posibilidad de pasar todo el personal a privado.

Mientras que Cruz sostuvo a este medio que no hay nada confirmado al respecto, explicó que sólo «fuimos a aclarar cuál es la situación actual», que la describió como «dos escuelas funcionando en forma irregular».

«La ley provincial dice que la educación puede ser de gestión estatal o privada. Y que las secundarias de 6 años. Ahí tenemos una secundaria de 3 años estatal y una secundaria de 3 años privada. Lo que hay que hacer es que regularizar esa situación irregular», contó Cruz, por lo que la decisión sería todo estatal o todo privado.

Según lo que allegados a educación y miembros de la comunidad educativa informaron a La Posta, esta decisión ya está tomada informalmente. Una persona de experiencia consultada sobre los dichos de Cruz, dijo a La Posta que «al hablar de ‘regularización’ ya están diciendo cuál es la decisión que se va a tomar» en referencia a que la versión es que la secundaria quedaría bajo órbita privada.

Según lo narrado por Cruz, la decisión resta ser tomada y que corresponde al nivel central, es decir, a las autoridades de la Dirección General de Escuelas.

Con respecto a cuándo se conocería la decisión explicó que «hoy hay una reunión que está tratando muchos temas en La Plata y van a tratar el tema, no se cuando nos van a avisar. Si será para ahora, para fin de año o para iniciar el año que viene».

Otros preocupados son los docentes, pues pasarían involuntariamente a formar parte de la gestión privada, es decir, que serían expulsados del Estado y contratados por lo privado. Sobre este punto Cruz afirmó que «ningún docente va a ver afectados sus derechos. Nadie va a perder la fuente de trabajo. Había docentes que creían que había distintos sueldos o distinto régimen de licencias… No, es toda mentira. Son todas cosas que están tirando los que quieren hacer ruido». señaló sin especificar a quiénes se refería.

Quienes conocen del tema explicaron que, la central diferencia responde al método de designación de los docentes, pues en el caso de requerirse nuevos docentes los lugares son administrados por los privados, evitando el habitual método de puntaje que queda a cargo de la SAD.

También es cierto que tanto en lo público como en lo privado quedarán a cargo del Estado los sueldos, que renunciará no al pago de los sueldos, pero sí a la gestión de la escuela.

Asimismo, entendidos en el tema explicaron que se podría estar lesionando el derecho a la educación dispuesto en la Ley Nacional 26.206, pues el Estado estaría ausente en esa comunidad, y no habría educación secundaria pública y asimismo podría no serla gratuita, ya que como la administración es privada, pese a estar subsidiado casi enteramente por el Estado, se podrían cobrar aranceles.