Frente a una ola de 2.400 amenazas de bomba en escuelas en el último mes, y luego que se detectara que más del 90 por ciento de los casos fueron realizados por menores, el gobierno bonaerense decidió la semana pasada promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos que sean identificados como autores de estos hechos, para que así paguen los costos de los operativos.
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, aseguró que ya son 120 las causas por amenazas a colegios que se tramitan tanto en el orden federal como provincial, al confirmar ayer que se harán demandas civiles a los padres de alumnos menores de edad que sean responsables de las intimidaciones.
El ministro subrayó que las autoridades de la provincia de Buenos Aires van a iniciar una «causa civil contra los padres para que se hagan responsables» porque «lo que le cuesta al estado estas cosas que creen que son una broma es muchísimo».
Si bien se trata de un delito excarcelable, fuentes del gobierno indicaron que el objetivo es promover una demanda por daños y perjuicios para que le hecho no quede en la nada.
