Es tremenda la noticia de un nuevo femicidio en la ciudad de Chacabuco. Cuando las estadísticas muestran que entre el 1 de enero y el 30 de julio del corriente año se registraron 143 femicidios y 3 transvesticidios. Un promedio de una mujer muerta cada 30 horas. Como si esto fuera poco preocupante para una sociedad en la que nos están matando a las mujeres, han empezado a aparecer respuestas de tipo corporativas. En este caso de autoridades educativas que decidieron suspender las clases de buena parte de las escuelas porque el femicida era docente. Pareciera que el guardapolvito blanco que estaba en las canciones infantiles vuelve impolutos a los agresores que están dentro de las instituciones educativas o de cualquier corporación (pueden ser los médicos, los periodistas…). La respuesta patriarcal siempre es corporativa. ¿Para qué? Para desmentir a la víctima, para revictimizar a la familia de esta joven mujer que tenía hijas. Para confundir a una sociedad que por suerte está cada vez más clara.
Uno se pregunta: ¿Cuál es la función de las autoridades educativas? ¿Qué mensaje están dando? ¿Qué aporte a la comunidad están haciendo, cuando deberían estar en función de todas las víctimas? Porque este femicida, Ramiro Anchordoqui, tomó dos decisiones. Primero la de matar a su pareja y segundo suicidarse. No es lo mismo que el cuento del «pacto suicida». Parece ser que todavía hay que reforzar y seguir tomando conciencia, y la sociedad tiene que seguir pensando que se terminó la época del «crimen pasional». Ahora sabemos claramente y tenemos una ley que legitima al femicidio como delito.
Ahora, la intención de «lavar» la figura del femicidio convocando las máximas autoridades educativas a suspender las clases y a acompañar el fallecimiento del femicida que se suicidó, realmente es un mensaje altamente preocupante. Y se debería hacer un llamado a las máximas autoridades provinciales educativas: ¿Qué está pasando? ¿Qué respuesta da la institución educación cuando los agresores, los femicidas, los abusadores están dentro de sus edificios?
Una puede plantear: si hay alguna mujer en Chacabuco (que seguramente las hay) que esté pasando por situaciones de violencia de género, o algún niño, niña o adolescente que esté pasando por situaciones de abuso, ¿En quién van a confiar? Suponíamos, suponemos y queremos seguir suponiendo que los docentes, los maestros son las personas de confianza y las instituciones a las cuales pueden recurrir quienes sean víctimas de estos delitos. Ahora realmente se pone todo en cuestión frente a esta decisión y esta postura que han tomado. Esto que han decidido es tomar claramente una postura, es revictimizar a la joven y a toda una familia, que es la familia de ella. Acá hay una sola víctima, hay una sola víctima. Él tomó la decisión de suicidarse, pero María Noel es la verdadera víctima de esta historia. Víctima de femicidio.
Las mujeres no mienten, las amigas tampoco y generalmente son las que saben lo que está atravesando esa mujer. Entonces, el Poder Judicial, las fiscalías especializadas en género que tienen capacitación y una escucha acorde a la situación, una escucha capacitada, deben dar lugar a los tetimonios de las amigas.
Y seguramente aparecerán voces que dirán ‘no puede ser’, ‘él era un divino’, ‘era muy buen compañero’, ‘era un tipo solidario’. Sin ponerse a pensar el perfil que tienen los femicidas, la doble cara que tienen, el jugar con una cara de amabilidad, de prestigio social. Se dedican generalmente a construir una imagen social que les permita la impunidad, que les permita hacer estos borramientos, porque a María Noel la vuelven a borrar. La mató el femicida y la vuelve a borrar la institución educativa. Borra el delito que sobre ella se cometió.
Liliana Rodríguez, psicóloga especializada en violencia de género y abuso
*Liliana Rodríguez tiene una trayectoria muy importante en derechos de la familia, militante feminista y es psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina
