(COMUNICADO DE PRENSA)

El Consejo Nacional del Partido Justicialista elaboró un crítico documento sobre el Decreto 820/16  del Gobierno Nacional que modifica la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

En ese sentido, el instrumento redactado por el Partido Justicialista en el orden Nacional, suscripto por su Presidente, José Luis Gioja y redactado por Julián Domínguez, Consejero partidario y ex Ministro de Agricultura de la Nación, sostiene que “este Decreto abre la puerta para que se puedan transferir las acciones de las sociedades sin solicitar el certificado de habilitación en el Registro Nacional de Tierras. Este solo hecho desnaturaliza el espíritu de la Ley en el cuidado de un recurso estratégico no renovable para la Nación como es el suelo”.

Además, se sostiene en el escrito del peronismo, que “el Decreto elimina de un plumazo cualquier mención o intervención de la UIF(Unidad de Información Financiera, encargada de prevenir el lavado de dinero) y la AFIP”.

“Este Decreto dictado por el Gobierno de Mauricio Macri pone a la Argentina en una situación, casi, de pre-independencia” sostuvo el Presidente del Consejo Nacional del Justicialismo, José Luis Gioja, y agregó que“a 200 años de la declaración de nuestra independencia, conservemos la propiedad de la tierra de los argentinos para los productores argentinos”.

El documento elaborado por el peronismo enumera seis puntos a tener en cuenta:

*La imposibilidad mundial de aumentar la tierra cultivable.

*Nuestro país tiene actualmente 16.260.000 Hectáreas en manos extrajeras.

*Argentina acumula alrededor de 1.113.650 Hectáreas que están en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales, equivalentes a 65 veces la superficie de la Capital Federal.

*En el mundo se registra una degradación global de la tierra (empobrecimientos de suelos, desforestación y calentamiento global).

*La reducción en la disponibilidad de agua.

*El crecimiento poblacional de 7.000.000.000 a 9.100.000.000 según la FAO, en el año 2050, con la consiguiente demanda de alimentos.

En uno de sus párrafos, el Partido Justicialista sostiene que “el Decreto 820/16 habilita a que se consideren ya en manos de extranjeros no sólo los inmuebles inscriptos en los registros de la propiedad inmueble sino aquellos aun no inscriptos que ¨tengan títulos suficientes¨, es decir que mediante boleto de compra venta, cesión de derechos, se pueda pretender que son previos a la sanción de la ley, erigiéndose como autoridad registra al Registro de Tierra (un organismo nacional) ,contraviniendo una facultad expresa de registral de las Provincias prevista en la Ley 17.801, por la que los Registros de la Propiedad inmueble provinciales dan posibilidad de los derechos reales”.

Sobre el tema aguas, el Justicialismo advirtió que “el Decreto del Gobierno podría permitir, tranquilamente, la extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua en contraposición con la Ley, como ya pasó con Joseph Lewis, que en Rio Negro se apropió del Lago Escondido.

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