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En los últimos días, el proyecto de reforma previsional que quiere implementar el oficialismo ha sido central en la agenda política, de los medios de comunicación y en la de la opinión pública. El pasado jueves se acordonó el Congreso militarizándose el espacio público, se trató de impedir el ingreso de diputados que se oponían a la reforma y de aprobar una ley imperativamente y con urgencia.

El gobierno complicó el tramo final del 2017 generando una represión escandalosa que alertó a la sociedad en su conjunto sobre los efectos nocivos que este proyecto de ley acarrearía sobre el poder adquisitivo de los jubilados actuales y las condiciones jubilatorias de los futuros pasivos argentinos. Esta puesta en escena que se asemejaba a tristes épocas como las del 2001, demostró claramente que desde el Congreso, el oficialismo pretendía imponer por medio de la fuerza una medida que lesiona gravemente los intereses de los jubilados.

“Los jubilados perderán plata, pero no poder adquisitivo”, argumentó contradictoriamente el diputado nacional de Cambiemos, Pablo Tonelli, completando el cuadro de ambigüedad y falta de claridad que el Gobierno viene presentando cuando tiene que explicar la nueva fórmula que quieren implementar para calcular los aumentos a los jubilados.

La actual ley que regula la actualización de los haberes jubilatorios tiene una fórmula que permite a quienes las perciben afrontar los aumentos de precios: El 70% del haber se deduce tomando como referencia el ingreso medio de los trabajadores privados, actualizados de acuerdo a los aumentos de los arreglos paritarios que se vayan obteniendo. El otro 30% se deduce de los aportes patronales privados actualizados.

La propuesta de Macri, en cambio, pretende cambiar la fórmula: El 70% de los haberes se calcularía a partir del índice de inflación calculado por el INDEC. El problema radica en que este índice inflacionario es un promedio del aumento de precios de una serie de productos y servicios que corresponden a diferentes rubros y segmentos. Y como hay productos que aumentan mucho más que otros, de acuerdo a lo que la persona consuma la inflación lo va a afectar de diferente manera.

En el caso de los jubilados, el consumo de medicamentos les lleva gran parte de sus ingresos, y como entre 2015 y 2017 los remedios aumentaron en un 300%, ese porcentaje supera cualquier promedio de inflación que se pueda calcular. En resumen, mientras el INDEC presenta un porcentaje de inflación general y promedio, el jubilado tiene un efecto inflacionario mucho mayor que no puede afrontar con el aumento de haberes calculado con la fórmula de Cambiemos.

Por otra parte, el gobierno, al pagar menos al jubilado, se ahorraría en marzo 84.000 millones de pesos. En un año, la pérdida para los jubilados ascendería a los 200 mil millones de pesos. Evidentemente el gobierno quiere ahorrar ajustando la caja de los que menos tienen. Lo hace para responder a las exigencias del FMI, todo por haber tomado deuda desmesurada e irresponsablemente. Ahora el macrismo tiene que implementar las mismas recetas de ajuste dictadas por el FMI que nos llevaran al desastre económico y al default del 2001.