Este lunes está previsto que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, asuma la presidencia del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y sanciona jueces en Argentina. Esto es denunciado como anormal e ilegal ya que se llegó a este punto porque la propia Corte Suprema anuló su funcionamiento previsto en la constitución después de 16 años. Son horas decisivas para nuestro país.

La demanda por inconstitucionalidad que analizó la Corte le demandó 6 años hasta pronunciarse. En el fallo anuló la ley que establecía la actual formación del Consejo de la Magistratura (sin participación de la Corte Suprema) y repuso la ley anterior, que en realidad se derogó (que preveía la presidencia del Consejo a cargo del presidente de la Corte). En la práctica la Corte puso en funcionamiento una ley derogada.

En ese fallo exhortó al Congreso a dictar una nueva ley en el plazo de 120 días. En realidad, la corte no debería poder poner plazos a otro poder. En Argentina la Constitución garantiza la división e independencia de los poderes, no pudiendo el Podes Judicial realizar acciones propias del Poder Legislativo, como sucede en este caso.

Se trata de la primera vez en la historia que una Corte Suprema viola la Constitución al reponer una ley derogada. Esta situación además afecta gravemente la institucionalidad del país ya que la Corte pasaría a controlar el manejo del poder Judicial, tarea que no le está prevista por la constitución.

La Corte Suprema además arrastra otros problemas. Funciona actualmente con sólo 3 miembros, de los cuales dos han sido designados mediante un decreto de Mauricio Macri sin respetar el procedimiento previsto por la ley. Uno de estos dos es Horacio Rosatti, quien planea asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura.

Estos problemas afectan la legitimidad de la Corte Suprema, sobre todo para decidir en cuestiones tan espinosas como el Consejo de la Magistratura.

A esto se suma que por una presentación judicial ante la justicia federal de Entre Ríos, que derivó en un fallo que impide al Congreso enviar sus representantes a ese organismo. De asumir en estas condiciones, se agregaría una nueva irregularidad.

Frente a esto el gobierno nacional de Alberto Fernández ha pedido al Congreso que avance en la sanción de una nueva ley que actualmente cuenta con media sanción, pero es improbable que sera sancionada como ley porque no cuenta con el apoyo de la oposición para aprobarlo.

Quien denunció la situación de gravedad institucional fue la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que eligió poner su reclamo sobre la ausencia del tema en los medios de comunicación.